El gobierno de España le dio al líder separatista de Cataluña cinco días para que aclare si su afirmación ambigua sobre la secesión es una declaración formal de independencia, y le advirtió ayer miércoles que de su respuesta dependerá si aplica facultades constitucionales para reducir la autonomía de la región.
Después de que amenazó con aplicar un artículo de la constitución española para reafirmar el control sobre la región, el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que la respuesta que dé el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al ultimátum del gobierno central será crucial para decidir “los acontecimientos de los próximos días”.
Puigdemont anunció el martes que aprovechaba la victoria obtenida en el referendo del 1 de octubre para proceder con la declaración de la independencia catalana, pero propuso congelar su puesta en marcha algunas semanas para permitir el diálogo y la mediación con el gobierno en Madrid. Al parecer, la ambigüedad de la postura de Puigdemont estuvo dirigida a sosegar a los separatistas más fervientes, pero también a generar apoyo -tanto en Cataluña como a nivel internacional- mediante la provocación de otra respuesta severa del gobierno de Rajoy. La policía española recurrió al uso de la fuerza para tratar de impedir el referendo, y las imágenes difundidas suscitaron algunas simpatías a favor de los separatistas.
Ante el congreso nacional en Madrid, Rajoy dijo ayer miércoles que el referendo que el parlamento regional de Cataluña y el gobierno de Puigdemont celebraron pese a que había sido prohibido por un tribunal, fue ilegal y parte de una estrategia para “imponer una independencia que pocos quieren y a nadie conviene”. La consiguiente crisis, subrayó, significa que “nuestra democracia vive uno de los momentos más graves de su historia reciente”.
