Santo Domingo, 30 nov (EFE).- El presidente dominicano, Danilo Medina, activó hoy un plan nacional para la regularización de los extranjeros, que sigue al polémico fallo dictado por el Tribunal Constitucional local que define quiénes tienen derecho a la nacionalidad y que ha provocado serias fricciones con Haití.
La medida cumple con el mandato de la ley general de migración y de lo dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional, que establece que aquellas personas “en tránsito” y sus descendientes no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, lo que supone afecta a centenares de miles de residentes irregulares haitianos en el país.
El decreto para la regularización firmado por Medina contiene los criterios que servirán para establecer el tiempo de radicación, el arraigo con la sociedad y las condiciones laborales y socioeconómicas de los extranjeros en territorio dominicano.
“Se cumple así el objetivo de dotar al país de una regulación migratoria moderna, transparente y funcional para los extranjeros en situación migratoria irregular”, explicó un comunicado oficial difundido por la Presidencia dominicana.
El plan nacional de regularización permitirá ejercer la soberanía nacional y dar protección legal a los extranjeros en territorio dominicano, independientemente de su país de origen, agregó el documento.
La disposición crea mecanismos expeditos y de acompañamiento para la tramitación de las diferentes categorías migratorias, como residencias permanentes, temporales o no inmigrantes, en beneficio de todas las personas que deban acogerse a esta regulación y satisfagan los requisitos establecidos.
En ese sentido, se tomarán una serie de criterios en consideración como tener hijos nacidos en el país, estudiar, hablar y escribir español, residir en un domicilio fijo, convivir con un dominicano y carecer de antecedentes penales.
La medida también establece la necesidad de que el extranjero demuestre vínculos de tipo laboral o socioeconómico con República Dominicana.
Los criterios designados para acceder a esta categoría son: tener constancia de un grado educativo, poseer propiedades, cuentas bancarias o referencias comerciales, desempeñar un empleo regular durante el tiempo de su permanencia y ejercer un oficio técnico certificado.
El extranjero que desee acogerse al plan deberá hacer su solicitud dentro de un plazo de 18 meses, mientras que aquellos que no lo hagan podrán optar por la repatriación asistida y en su defecto quedarán sujetos a deportación.
La sentencia del Tribunal Constitucional dominicano ha creado una crisis con Haití, que asegura que la medida coloca en situación de apátridas a centenares de “dominicanos de ascendencia haitiana”.
El más reciente punto de este conflicto se produjo a mediados de la semana cuando el Gobierno dominicano anunció que no acudiría a una segunda reunión con autoridades haitianas en Venezuela para tratar la crisis, debido a que su vecino “incumplió” los términos de un acuerdo previo en el que ambos Gobiernos se comprometen a mantener el diálogo para buscar una solución definitiva al problema.
El Gobierno dominicano se refirió a la posición expresada por el presidente haitiano, Michel Martelly, en una reunión del Caricom celebrada también esta semana en Trinidad y Tobago, en la que el organismo regional decidió posponer las negociaciones para la incorporación de República Dominicana a ese grupo a causa de la sentencia.
La presidenta de Caricom y primera ministro de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, dijo el pasado martes en conferencia de prensa, tras una reunión celebrada en Puerto España para analizar el fallo judicial dominicano, que afecta principalmente a descendientes de haitianos, que la primera medida aprobada es dejar en suspenso la negociaciones con Santo Domingo.
