SANTO DOMINGO. Localizar a Pedro Alejandro Castillo Paniagua, “Quirinito”, cuya fuga es uno de los escándalos más bochornosos y que pone en juego la credibilidad del sistema de justicia dominicano por involucrar a fiscales, jueces, médicos así como a otros actores del sistema, parece ser una tarea difícil para las autoridades dominicanas y para la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
A pesar de que la Procuraduría General de la República ha interrogado a todas las personas que directa o indirectamente tienen que ver con el caso, a la fecha no ha podido someter a nadie a la Justicia porque aparentemente la prueba por excelencia es atraparlo con vida o encontrar el cuerpo de quien habría fallecido por un cáncer en la lengua como certificó el médico legista Orlando Herrera Robles, en julio de 2017.
La institución informó que amplían las investigaciones y siguen diversas pistas, razón por la que “los organismos de seguridad están en contacto con las autoridades de otros países para garantizar la captura”. No tienen tiempo estipulado para la conclusión del caso. Nueve meses después nadie sabe dónde está Quirinito.
“El día que aparezca habrá mucha gente presa, de entrada todo el que dijo que se murió: legista, vtp (Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario), un fiscal, varios jueces y la esposa de Quirinito (Jennifer Estefani Domínguez Hernández)”, dijo una fuente a Diario Libre.
Igual amenaza hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, cuando fue abordado por los medios de comunicación.
“Si una irregularidad aparece, el que la haya cometido que prepare su pescuezo, que se lo prepare”, advirtió Germán.
Por el escándalo que estalló el 4 de septiembre del 2017, dos meses luego de haberse emitido el acta de defunción, fueron suspendidos los jueces de ejecución de la pena de San Cristóbal y San Francisco de Macorís, Willys de Jesús Núñez y Aleida Jiménez Acosta, así como el legista Herrera Robles, Felipe de Jesús Restituyo Santos, procurador general de Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, José Calasanz Morel, procurador de Corte de Apelación, y Franklin Ortega, encargado de la Supervisión del Medio Libre del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
El Ministerio Público afirmó que Castillo Paniagua, condenado a 30 años de prisión por sicariato, no está muerto y que varios actores del sistema se habrían confabulado para que se fugara.
Entre las irregularidades por las que las inspectorías del Ministerio Público y el Poder Judicial iniciaron las pesquisas están la falta del cadáver de quien presuntamente falleció el 5 de julio en su casa mientras cumplía arresto domiciliario y la negativa de Jennifer Domínguez Hernández de indicar dónde fue sepultado su esposo.
También por la adulteración de informaciones, falsedad de documentos y desaparición de las muestras médicas mediante las cuales se detectó que el condenado tenía un carcinoma de base de lengua.
El Instituto Oncológico y de Especialidades del Nordeste certificó, diez días después de que la jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco otorgara la prisión domiciliaria, que él tiene la enfermedad. En rueda de prensa el oncólogo Ángel Garabot Polanco explicó ese fue un segundo certificado.
