El Ministerio Público acusa a unas once personas presuntamente vinculadas a la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, a quienes este martes al mediodía el magistrado José Alejandro Vargas les conocerá medida de coerción.
Uno de los principales acusados es Leoncio Almánzar Objío, quien fue Director General de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), y a quien el Ministerio Público acusa de utilizar documentos falsos y alterar los actos de transferencia junto a Irving José Cruz Crespo y Manuel Aybar Fernando, gerente inmobiliario y consultor jurídico del Corde, respectivamente, con la participación de Rosabel Castillo Rolffot, quien es la Directora Nacional de Registro de Títulos.
Castillo Rolffot también es señalada por presuntamente abusar de la jurisdicción de sus funciones y desconocer documentos para materializar las operaciones de transferencia de derecho a la propiedad, perjudicando el Estado Dominicano y beneficiando a otros a través del Corde y Bienes Nacionales, además de aprobar y ejecutar operaciones de transferencias irregulares, según consta en el expediente del Ministerio Público.
Igualmente es imputada Juana Ynés Gómez Williams, representante de la empresa Proyecciones Inmobiliaria GOWI, S.A, a quien se le atribuye la participación en los delitos de desfalco y falsedad de documentos públicos en calidad de cómplices, junto al agrimensor Carlos Aris Gómez Williams, quien fungió como representante legal del Consorcio Infepa-Titulatec; Julio César Gómez Williams, representante de la empresa Soluciones Electrónicas Sidenet, S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, representante de la empresa Inversiones Fernández Parache & Asociados S.A. (Infepa); y José Enríquez De Pool Dominici, representante de la empresa Titulatec, S.R.L y de la empresa Centro Inmobiliario Dominicano.
Estas personas son imputadas como cómplices de los funcionarios públicos acusados de desfalco y falsedad de documentos.
Según la instancia, el señor De Pool Dominici se benefició de los ilícitos cometidos y permitió con sus actuaciones su materialización.
Otra de las acusadas es la agrimensora Ana Antonia Ozuna Nolasco, a quien el expediente no vincula a ninguna empresa o institución en particular, al igual que al también agrimensor Hadonis Ruiz Mella.
A ambos agrimensores se les señala de haber utilizado sus calidades de oficiales públicos para falsear escrituras públicas en sus informes del trabajo técnico de mensura que realizaron en torno a las parcelas de Corde, para el que fueron contratados.
Estos profesionales, en un informe técnico de fecha 18 de diciembre de 2008, en sus trabajos de deslinde y subdivisión en la parcela 153-A-2, “manifestaron de forma falsa que cumplieron con el procedimiento que establece el Reglamento General de Mensuras Catastrales”, al no notificar a los ocupantes de las parcelas a deslindar, que son los habitantes del sector Los Tres Brazos.
