Diez personas han sido detenidas en medio del escándalo por el sorteo amañado del 1 de mayo pasado. La denominada “Operación 13” desplegó 15 allanamientos durante la tarde del sábado, como conclusión a un proceso de interrogatorios e investigaciones de la Procuraduría General de la República.
La “Operación 13” supone el primer gran caso de corrupción dentro de la administración del presidente Luis Abinader que ha sido llevado ante la justicia.
Pero… ¿quién es quién este supuesto entramado de amaño y corrupción gubernamental?
La cabeza del supuesto entramado es Luis Maisichell Dicent, un dirigente político ligado al Partido Revolucionario Moderno, que ha tenido su centro de operaciones políticas en Bonao, municipio cabecera de la provincia Monseñor Nouel.
De hecho, Dicent fue electo secretario general de esa organización política en esa demarcación.
Fue designado en el puesto de Administrador de la Lotería Nacional con el decreto 388-20, a la firma del presidente Luis Abinader, y con otro decreto, el 334-21, fue colocado en suspensión temporal por 60 días.
Dicent estudió administración de empresas en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, Administración de Empresas. Ha sido director ejecutivo de la Federación Nacional de Bancas de Lotería de la República Dominicana.
Por su posición de administrador de la Lotería Nacional, Dicen devengaba un salario mensual de RD$140,000, de acuerdo a la nómina mensual colgada por la institución en su portal de internet.
También se desempeñó como vocal de la Junta del distrito municipal de Juma Bejucal, del municipio Bonao, en la provincia Monseñor Nouel.
William Lisandro Rosario Ortiz es otro de los señalados y apresados por el caso. Fue presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería y se le conoce como una persona cerca a Luis Maisichell Dicent.
La locutora Valentina Rosario lo señala como la persona que le habló de sorteo amañado, como la persona que le explicó todo lo que tenían planeado y cómo iba a suceder. También dice lo vio, para la última coordinación del sorteo falso, el día previo al sorteo, es decir, el viernes 30 de abril.
Rosario Ortiz fue condenado a un año de prisión por el uso ilegal de la marca “Quiniela Pale”, de Leidsa. La sentencia fue bajo la modalidad de pena suspendida, obligándolo a presentación periódica durante ese periodo.
La decisión fue adoptada por la octava sala de la cámara penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, en el año 2018. Se le impuso pagar una indemnización de un 1,500,000 pesos.
Valentina Rosario Cruz fue la presentadora del sorteo especial del 1 de mayo de 2021. Y hasta el momento es una de las personas que ha estado colaborando con la Procuraduría General de la República en las investigaciones.
La mujer figura en la nómina de la entidad con un salario mensual de RD$30,450. Declaró durante los interrogatorios que el administrador de la Lotería, Luis Dicent, la abordó en un ascensor y le dijo que alguien le plantearía algo sobre un sorteo especial.
La otra figura clave del esquema es Miguel Mejía, la persona no vidente que también participó en el sorteo fraudulento.
Mejía fue la primera persona en ser interrogada por la Procuraduría General de la República. Y allí reveló todo lo que sabía. Confirmó que hubo un entramado irregular, que el sorteo falso se planificó y que hasta contó con ensayos en reiteradas ocasiones.
Dijo que le ofrecieron 800,000 pesos por participar. También señaló que le mandaron un dinero a su casa pero que él lo devolvió. Miguel Mejía figura en la nómina de la institución asignado al departamento “dirección de sorteos”, y por sus funciones recibía un salario de RD$16,500.
Otras personas involucradas en el caso, y que trabajaban para la Lotería Nacional son Carlos Berigüete, quien figura como soporte técnico de la institución, asignado a la dirección de producción de sorteos. Por sus funciones tiene asignado un salario mensual de RD$23,100.
También figura como empleado de la institución el señor Rafael Mesa, nombrado como chofer, y quien según la nómina pública de la institución devengaba un salario de RD$13,310.
Las otras cuatro personas involucradas en el caso, y de los que hasta ahora solo se conocen sus nombres, son Jonathan Brea, Felipe Santiago Toribio, Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta.
Los diez implicados esperan ahora por el conocimiento de la medida de coerción en su contra, un proceso que previsiblemente tome varios días durante la presente semana.
Las investigaciones del caso han estado a cargo de los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso, titular de la dirección de Persecución y Wilson Camacho, de la Pepca.
