Reina la calma este domingo en el punto fronterizo de Mal Paso, tanto del lado dominicano como del haitiano, luego de los incidentes registrados el sábado que dejaron un saldo de cuatro oficiales aduaneros y dos civiles muertos.
Pudo contactarse que la situación a ambos lados del punto fronterizo es de “tensa” calma, luego de los incidentes en el que resultó muerto en un primer momento el nacional haitiano de nombre Jame y heridos de bala Derissaint y Methnold, quienes fueron atendido en el Hospital general Melenciano de aquí.
Las actividades comerciales binacional efectuada en la puerta de Mal Paso entre haitianos y dominicanos es prácticamente nula, el transporte desde y hacia Haití se encuentra paralizado, luego de los incidentes de ayer.
Casi en su totalidad los comercios que funcionan en el lado dominicano de la frontera de Mal Paso se encuentran cerrados. Hay escasos locales abiertos.
Autobuses de la ruta República Dominicana-Haití, operadas por las empresas criollas Caribe Tours y Metro no han realizado los viajes correspondientes al vecino país por temor a que se produzcan nuevamente los incidentes violentos.
Los autobuses vinieron desde la ciudad de Santo Domingo sin pasajeros con destino a Haití, pero los mismos se encuentran estacionados en el punto aduanero del lado dominicano.
Personas contactadas de este lado, pero que prefirieron el anonimato, dijeron que solo pequeños camiones y camionetas de poblados haitianos cercanos como Fond Parisien han llegado a este lado en busca de productos.
“No ha sido posible cruzar a aquel lado porque aunque está calmada la situación, persisten los problemas y hay temor que vuelva a reeditarse el conflicto violento de ayer sábado”, dijo la fuente.
El punto aduanero haitiano, está ubicado a unos 300 metros de la puerta dominicana en donde se registraron los incidentes y una multitud destrozó, saqueó y quemó la oficina de Aduanas y sus almacenes.
Se recuerda que esta semana en Haití han sido registradas intensas protestas, principalmente en la capital, Puerto Príncipe, en las que se exige la renuncia del presidente Jovenel Moise, señalado de encubrir a los responsables del desvío de US$ 1,300 millones, provenientes de los fondos de Petrocaribe.