Cincuenta y ocho empresarios, ex diplomáticos, profesores, exprisioneros políticos, activistas y opositores dentro de Cuba pidieron al Congreso “oponerse a concesiones unilaterales” y mantener las sanciones al gobierno de la isla, en una carta abierta publicada el miércoles en el diarioWashington Post.
El documento, titulado La nueva política hacia Cuba: ¿avance o rescate?preparado por el Centro para una Cuba Libre –una organización independiente no partidista que promueve una transición hacia la democracia en la isla– afirma que “la eliminación de Cuba de la lista de estados terroristas premiará al régimen de Castro por el contrabando de 240 toneladas de armamento pesado a Corea del Norte, la formación y el equipamiento de las fuerzas represivas de Venezuela, el ofrecimiento a la Rusia de Putin de un puesto de escucha de espionaje en Cuba, y el albergue a decenas de terroristas fugitivos y criminales, incluyendo a Assata Shakur, en la lista de los diez terroristas más buscados por el FBI”.
También aboga por mantener las restricciones de viajes a la isla y el embargo, pues su levantamiento “canalizaría los dólares de turistas e inversionistas estodounidenses hacia las empresas del gobierno cubano, que controlan la economía, manejan las contrataciones de los trabajadores que laboran en empresas extranjeras y se quedan con 92 centavos de cada dólar de sus salarios”.
Entre los firmantes se encuentran varios ex subsecretarios de Estado para Latinoamérica, como Elliot Abrams, Otto Reich y Roger Noriega así como ex embajadores en América Latina o Cuba, como Everett Ellis Briggs, James Cason y Philip Hughes, todas personas “que pueden decir que conocen América Latina”, destacó Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre.
También suscribieron el documento el alcalde de Miami, Tomás Regalado, los opositores cubanos Antonio Rodiles, Sara Marta Fonseca y Jorge Luis García Pérez (Antúnez) así como Miriam y Mario de la Peña, padres de Mario M. de la Peña, uno de los cuatro pilotos que murieron durante el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate por aviones de guerra cubanos en febrero de 1996.
Los familiares de los pilotos fallecidos han estado en el centro del debate pues uno de los agentes cubanos que fueron liberados y devueltos a Cuba el 17 de diciembre, Gerardo Hernández, fue condenado por su papel en esos acontecimientos.
En una audiencia en el Congreso la semana pasada, la representante Ileana Ros-Lehtinen recriminó a la jefa de la delegación de EEUU que viajó a La Habana en enero, la subsecretaria de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental Roberta Jacobson, que el Departamento de Estado hubiera mentido a los familiares de las víctimas en relación a la liberación de Hernández.
El tenso intercambio ilustra la polémica que ha generado la nueva política de acercamiento hacia Cuba –que implica el reestablecimiento de relaciones diplomáticas y una futura “normalización”– entre políticos y miembros de la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos.
En enero, la víspera del discurso del Estado de la Unión, políticos estadounidenses, líderes cubanoamericanos y expertos de ambos partidos enviaron una carta al presidente Obama, saludando su “acciones históricas” para actualizar la política hacia Cuba y pidiéndole que trabaje junto al Congreso para “actualizar el marco legal” relativo a la isla.
Pero miembros de la comunidad de exiliados cubanos opuestos frontalmente a lo que llaman “el pacto Obama-Castro” han protestado públicamente en las calles de Miami, y varios declinaron la invitación para reunirse con Jacobson y uno de los negociadores que selló el acuerdo entre Washington y La Habana, el asesor de la Casa Blanca para América Latina, Ricardo Zúñiga. Ambos llegaron a Miami el martes con planes de acercarse a la comunidad para explicar la nueva estrategia promovida por la administración.
“Esa reunión para mí es inaceptable”, comentó Angel de Fana, representante del grupo de exprisioneros políticos Plantados. Otros, como el abogado Alfredo Durán, aceptaron acudir al encuentro, del cual el Departamento de Estado no ha dado detalles.
Durán dijo sentirse “muy optimista” de que que la nueva política pueda lograr “cambios democráticos en Cuba, sobre todo cuando pase la actual generación en el gobierno cubano”.
El abogado celebró que “por primera vez en 55 años, Estados Unidos se decide a tener una política exterior hacia Cuba y no una política electoral, marcada por los votos de la Florida y Nueva Jersey”.
Zúñiga dijo a Univisión 23 el martes que la negativa de varios exiliados de asistir a la reunión “es parte normal de la democracia. Todos tienen derecho a decir lo que piensan, pero siempre vamos a estar dispuestos al diálogo”, insistió.
“Es un debate sobre Cuba que está teniendo lugar aquí en Estados Unidos pero los cubanos no pueden tener un debate semejante dentro de la isla. Y eso es lo que queremos promover”, comentó Calzón.
El asesor de la Casa Blanca y la subsecretaria de Estado se reunieron con familiares de los pilotos fallecidos este miércoles para conversar “sobre la mejora de la vida de los cubanos que viven en la isla”, y cómo “ver un país próspero, estable y democrático en Cuba”, según indica un comunicado de prensa.
Puede seguir a Nora Gámez Torres en Twitter por @ngameztorres
