Como una alternativa ante la penalización total del aborto en República Dominicana, un proyecto de ley sobre protección integral a víctimas de violencia y coerción reproductiva propone que el presidente pueda considerar decisiones humanitarias, como un indulto anticipado, al personal médico que practique abortos a niñas embarazadas víctimas de violaciones o incestos.
La iniciativa, enmarcada en el plan legislativo “Déjala Ir”, busca que el presidente de turno considere alguna alternativa para que no se penalice a quienes practiquen abortos a niñas “para preservar su salud mental” tras episodios como un embarazo originado por una violación sexual.
“Dado que la legislación penal dominicana actualmente no contempla causales de interrupción legal del embarazo, el sector salud se ve limitado en los casos de niñas embarazadas por violación. Sin embargo, esta ley dispone que el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio Público actúe ante situaciones extremas”, establece el artículo 14 del proyecto depositado por la diputada perremeísta Margarita Tejeda y firmado por otras 35 legisladoras.
En caso de que el proyecto se apruebe, el procedimiento quedaría así: la niña embarazada por una violación –o su tutor- pueden pedir la interrupción del embarazo, luego las autoridades de salud deben informar sobre esa petición al Ministerio Público y a un juez competente que, bajo una autorización, podrá emitir “una decisión urgente” dirigida al presidente. En ese caso, el mandatario podrá usar ese dictamen “como un insumo para eventuales decisiones humanitarias” que salvaguarden la estabilidad mental de la niña víctima.
