Desde el mismo inicio del 2017, los grupos populares escogieron el Palacio Nacional y las calles del país como el escenario de reclamos y protestar en busca de que el Gobierno cumpla con promesas o con reivindicaciones que beneficien a determinadas clases sociales. Estas protestas, unidas al movimiento de la Marcha Verde, elevaron la preocupación oficial debido a que la popularidad del presidente Danilo Medina bajó de 62% a 52%, una caída de diez puntos.
Un total de 835 protestas se llevaron a cabo en los alrededores de la Casa de Gobierno durante el año que termina protagonizadas por gremios como el Colegio Médico, las enfermeras, derechos humanos, “peregrinos” que exigieron obras para sus comunidades y los más persistentes: la Marcha Verde, en reclamo del cese de la impunidad y la corrupción.
Los escándalos de corrupción, como el caso Odebrecht y ya casi terminado en el año el de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), descubierto a raíz del asesinato del abogado Yuniol Ramírez, ensombrecieron la popularidad del Gobierno.
Los paros médicos, doce en total, los reclamos de aumentos de salario llevados a cabo por el Colegio Médico Dominicano, las enfermeras, los agrónomos, los maestros, contribuyeron al desplome de la simpatía del Gobierno.
Para enfrentar este cuadro, fue necesario que se tomaran medidas que fueron exigidas por los gremios que durante todo el año se mantuvieron en pie de lucha, tal es el caso del escándalo de la OMSA, cuyo director Manuel Rivas fue puesto a disposición de la justicia y condenado a un año de prisión preventiva en la penitenciaría de Najayo y el sometimiento de los encartados en el caso Odebrecht, cuya mayoría son miembros prominentes del partido gobernante y amigos del presidente Medina.
Sin embargo, desde el Gobierno se hizo hincapié en la defensa de la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos, se tomaron medidas para trasparentar todos los procesos en que esté involucrado el Gobierno de manera directa, incluso se ofrecieron líneas telefónicas para que el público denuncie anomalías que se pudieran detectar en las oficinas públicas del Estado.
Desde hace ya varios años, las inmediaciones del Palacio Nacional son vistas como los mejores escenarios para que los grupos populares canalicen sus exigencias, utilizando el método de las protestas pacíficas.
Un reconocido cantautor popular fue impedido dar lo que él mismo llamó, las siete vueltas al Palacio Nacional, que según explicó después, simbolizaban los siete pecados capitales de Jericó.
Otro de los grupos que realizó muchas protestas frente a la casa de Gobierno, pero que luego al parecer se cansó, fueron los cañeros que asistían en grandes grupos y en varios frentes los martes y jueves, en procura de que el Gobierno los pensionara, pero luego al parecer el cansancio los venció y se fueron frente al Congreso Nacional. La mayoría de estos grupos nunca consiguieron sus objetivos, todos entregaron documentos que nunca se sabe si llegaron a manos de su último destino, el Presidente de la República.
Las protestas en las inmediaciones del Palacio se hicieron tan populares, que el 14 de agosto, tras un peregrinaje de varios días, un grupo de recicladores “buzos” del vertedero de Rafey llegó desde Santiago y se apostó al frente del Palacio Nacional, para exigir que el presidente Danilo Medina intervenga ante el alcalde Abel Martínez y logre que los reponga en sus labores de “buceo” en el basurero. David Rosario, presidente de la Asociación de Recicladores del referido vertedero, afirma que la expulsión del basurero afecta a 267 “buzos” y sus respectivas familias.
Según Jonathan Liriano, vocero de la Marcha Verde, ese movimiento no puede convertirse en partido político: “Somos un movimiento que busca cero corrupción e impunidad”. Asimismo aseguró que van a continuar con las protestas pacíficas en todo el país.
La Marcha Verde se consolidó en el 2017 como uno de los movimientos de protestas más importantes en la República Dominicana. Logró aglutinar a gente de todos los estratos sociales del país, incluyendo a empresarios y políticos. Este movimiento cívico busca el fin de la impunidad y la corrupción a todos los niveles y ha hecho denuncias de actos de corrupción detectados en el Gobierno. Jóvenes, niños y hasta familias completas acuden a cada llamado que realizan sus organizadores en todo el territorio nacional. Sus protestas son pacíficas.
Funcionarios del Gobierno han coincidido en afirmar que se atienden todas las demandas de la ciudadanía y que se trabaja para solucionar los problemas que la población denuncia. José Ramón Peralta dijo dos días después de que el 29 de octubre el movimiento Marcha Verde protestara frente a la OMSA, que desde el Gobierno se trabaja para solucionar cada problema y puso como muestra que en cada caso de supuesta corrupción administrativa que se denuncia, inmediatamente se ordena a la justicia que investigue dicho caso.
Los cañeros reclaman que se pensionen a casi 5 mil braceros de origen haitiano que trabajaron durante años en los campos de caña del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Hasta el momento se han aprobado 4,050 pensiones, siendo 2,185 por decreto del expresidente Leonel Fernández, 1,028 por un decreto por el presidente Danilo Medina, y otras que se han conseguido por resolución, restando en la actualidad un total de 2,284 cañeros sin pensiones. El grupo abandonó el escenario de Palacio para protestar y se marchó al Congreso, Boca Chica y Villa Altagracia.
