Las protestas por la falta de alimentos, medicinas, agua y otras carencias continúan en algunos estados de Venezuela, así como los saqueos, informaron el miércoles medios locales regionales citados por EFE.
El diputado antichavista Carlos Paparoni, a través de su cuenta en Twitter, informó de una protesta este miércoles en el estado Bolívar (sur), región que durante los últimos días se ha visto afectada por saqueos y más protestas, según reseña el diario regional Correo del Caroní.
En Bolívar, según cuenta el periódico, son diversos los comercios afectados por los saqueos que “son producto del hambre, pero también de la delincuencia”.
Las protestas en esta región también han sido protagonizadas por transportistas que se quejan de los elevados costos de las piezas de vehículos y repuestos.
Asimismo, otros medios regionales reseñan que en el estado Trujillo (oeste) también se han presentado situaciones similares.
“Desde el pasado jueves 4 de enero cuando se produjo la toma de la (carretera) Panamericana por vecinos y personas enardecidas que reclamaban alimentos se ha vivido en el municipio una situación tensa”, reseña Diario de Los Andes.
La publicación asegura que durante este martes “la situación se agravó (…) y se volvieron a asomar los conatos de saqueos a los vehículos que se atreven a cruzar la vía, en lo que corresponde al municipio Bolívar, Sabana Grande y Granados” del estado Trujillo.
Hoy en la zona hay presentes efectivos de las fuerzas de seguridad del estado.
Paparoni también informó del bloqueo en una avenida del estado Aragua (centro-norte), donde, según dijo, los manifestantes queman basura como forma de manifestación.
“Ciudadanos protestan por falta de alimentos y situación económica del país”, agregó en el mensaje.
A esta hora, reportan que vecinos del sector Propatria cierran varias vías con basura en protesta por falta de recolección de los desechos
#Aragua. Reportan cierre y quema de basura en la Av. Casanova Godoy a la altura del Cementerio Metropolitano, ciudadanos protestan por falta de alimentos y situación económica del país
Venezuela, que cerró 2017 con una inflación superior al 2.600%, según el Parlamento, de mayoría opositora, registra desde mediados de diciembre protestas por la falta de alimentos, agua, la acumulación de basura y otras necesidades.
En el país escasean algunos alimentos como el arroz, el aceite, la harina de maíz, de trigo y otros desde hace más de tres años, así como las medicinas.
La Constituyente aprueba una ley ‘contra la guerra económica’
Mientras, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, aprobó el martes una ley “contra la guerra económica” que, según rezan sus apartados, busca regular las contrataciones públicas y favorecer a las pequeñas y medianas empresas del país.
El artículo 1 indica que la ley “tiene por objeto el establecimiento de normas básicas de conducta para la administración pública en todos sus niveles que promuevan la honestidad, participación, celeridad, eficiencia y transparencia en los procesos de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras públicas”.
Según se explica desde el chavismo, este marco legal —presentado ante la ANC por el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez— persigue facilitar “los mecanismos de control de procesos” relacionados con las contrataciones públicas.
Asimismo, la ley, que consta de 20 artículos y tres disposiciones transitorias, habla de “estimular la participación equilibrada de todos los agentes económicos en la inversión y justa distribución de recursos destinados a las compras públicas”.
Con esta nueva norma se crea un registro único de contratación pública que será regulado por el Ejecutivo, así como una “unidad de determinación objetiva y simple aplicación aritmética” que llevará por nombre Unidad para el Cálculo Aritmético del Umbral máximo y mínimo (UCAU), cuyo valor será determinado por el Ejecutivo.
La UCAU “será utilizada como multiplicador único a los fines de obtener el monto en moneda que corresponde a los umbrales máximos y mínimos establecidos por el ordenamiento jurídico para delimitar rangos de elegibilidad en los procesos de contratación pública”, explica el texto en el artículo seis.
La ley también contempla sancionar con inhabilitaciones a los contratistas que presenten información falsa para obtener acuerdos, y remarca que este marco legal será aplicado “de forma preferente por la administración pública nacional, estatal y municipal”.
Además, dice venir a favorecer al “valor agregado nacional” y al “talento humano nacional”, con lo que se verían beneficiadas las ofertas que contemplen materia prima o activos fijos en la obra “de origen nacional” y las empresas con domicilio principal en Venezuela.
El nuevo esquema de contratación “no afectará convenios de cooperación, acuerdos y contratos internacionales válidamente suscritos” por Venezuela, y entrará en vigencia en los próximos días, apenas sea publicado en la Gaceta Oficial del país.
La primera vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz, consideró que esta ley es “de avanzadas” y está en sintonía con el “modelo económico posrentista” que, aseguró, está “cumpliendo” la Revolución Bolivariana que lidera Nicolás Maduro.
Elegida en medio del boicot opositor y sin un referéndum previo de aprobación en agosto del año pasado, la Constituyente es considerada un ente fraudulento por buena parte de la comunidad internacional y ejerce, pese a haber sido creada para redactar una nueva Constitución, las funciones legislativas del Parlamento.
