La Procuraduría General de la Republica informó que, a través de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Montecristi, se procedió a presentar formal acusación en contra de los agentes policiales supuestamente involucrados en la ejecución de dos personas relacionadas al secuestro del joven Eduardo Antonio Baldera Gómez, hechos ocurridos en octubre del año 2009.
La Procuraduría informó que la acción procesal se fundamenta en un expediente sustentado en las investigaciones realizadas por la comisión designada en aquel momento para las indagatorias en torno a la muerte de los señores William de Jesús Batista Checo y Cecilio Díaz, quienes fueron sindicados como los supuestos secuestradores del joven Baldera Gómez, y en otros elementos probatorios.
“Las autoridades revelan que en este caso existen indicios y elementos probatorios suficientes, los cuales determinan que los agentes policiales actuantes en el apresamiento y posterior muerte de los sindicados en el secuestro de Baldera, cometieron irregularidades en el ejercicio de sus funciones, en detrimento al más sagrado de los derechos fundamentales: la vida” dice la nota.
Agrega que en tal sentido, la Procuraduría Fiscal de Montecristi sometió a la acción de la justicia por asesinato y asociación de malhechores al entonces teniente coronel al coronel de la Policía, Alberto Trejo Pérez, y los mayores de la misma institución, Jesús Rafael Tejada Tejada y Franklin E. Santana Martínez.
Igualmente, fueron sometidos José Luis Peralta Valentín y Catalino de Jesús Pérez, ambos con el rango de segundo teniente de la Policía Nacional, así como el Alférez de Navío Ramirito Dome Nina.
No obstante, el procurador Francisco Domínguez Brito afirmó que, a pesar de la acusación presentada, seguirá profundizándose la investigación hasta conocer y procesar a todos los implicados en el caso.
Asimismo, enfatizó que el Ministerio Público no permitirá violación alguna de los Derechos Humanos por parte de los agentes del Estado ni por parte de ningún ciudadano, y les recuerda, a los primeros, que sus acciones en el ejercicio de sus funciones, en caso de actuar violentando los derechos fundamentales, no sólo los compromete penalmente a ellos, sino que comprometen la responsabilidad del Estado Dominicano ante los organismos internacionales.
