SANTO DOMINGO. El Ministerio Público hizo un recuento de las condenas por corrupción logradas en 2017, en la que señalan que 21 funcionarios, empleados y personas vinculadas a casos de corrupción recibieron penas de hasta ocho años de prisión y el pago de multas por montos que superan los RD$100 millones, tras ser hallados culpables de delitos de corrupción.
Señaló que el pasado año “como nunca antes” se sometieron “decenas de otros funcionarios y exfuncionarios de altísimo rango para que respondan ante la justicia en procesos que se encuentran en curso sin importar los gobiernos ni partidos que hayan pertenecido los mismos”.
La institución indicó que las sentencias condenatorias fueron emitidas este año en diferentes tribunales del país por los delitos de desfalco contra el Estado, prevaricación, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo mediante una nota de prensa, que seguirán duplicando los esfuerzos en interés de lograr una mejor administración de los fondos públicos, fomentar el establecimiento de una cultura de transparencia y fortalecer cada vez más la lucha contra la corrupción en el país, esperando que el Poder Judicial haga también su parte.
Una de las condenas, señala la Procuraduría General de la República, fue la impuesta por el Tribunal Colegiado de San Cristóbal en contra del exalcalde de esta provincia, Raúl Mondesí Avelino, quien fue sentenciado a ocho años de prisión y al pago de una multa de RD$60 millones de pesos y la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos.
Explica que junto a Mondesí el Ministerio Público también logró que fueran sentenciados el exsecretario de dicha alcaldía, Bienvenido Araújo Japa, y el extesorero Jesús Antonio Ferreira, quienes fueron condenados a siete y seis años de reclusión, el pago cada uno de una multa de RD$20 millones y la inhabilitación por 6 años y 7 años para ocupar cargos públicos, respectivamente.
La institución señaló que por igual, tras acoger la petición del Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia de Santo Domingo dictó una sentencia condenatoria de cinco años de prisión en contra del exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Gullón, en tanto que el exencargado de nómina, Jerson Neris Lizardo Pérez, fue condenado a 8 años de reclusión.

Indicó que la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena de tres años de prisión y el pago de una multa de RD$500 mil en contra de los encartados en el caso del Seguro Médico para Maestros (SEMMA) Marcelino Rijo Guzmán, Eddy Leonardo Terrero Fermín y Bélgica Olga Díaz Moreno.
Con relación al caso del Programa de Reducción de Apagones (PRA), indicó que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó una condena de tres años de prisión y el pago de una multa de RD$500 mil en contra del exdirector de esa entidad, Marcos Lara Lorenzo, y de 2 años de prisión y el pago de una multa de RD$250 mil en contra de Sauris Rodríguez Sánchez y Juan Portalatín Castillo.
En otra decisión, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Puerto Plata condenó a los exdirectores de la Junta Distrital de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez y Eddy Ramón Morfe, quienes fueron sentenciados a 2 años de reclusión menor y al pago de una multa equivalente a los valores desfalcados, ascendentes a RD$831,226.00 y RD$910,297.00 a favor del Estado dominicano.
Se recuerda que gracias a las diligencias del Ministerio Público, se logró que dicho tribunal revocara una decisión del Tribunal Colegiado de Puerto Plata mediante la cual los imputados habían sido descargados de los delitos de prevaricación y desfalco.
El organismo persecutor igualmente indica que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega ratificó una condena de tres años de reclusión en contra del exalcalde de la Junta Distrital de La Bija, de Cotuí, Jesús Jiménez Castro.
De igual manera, precisó que contra el exdirector y la exsubdirectora del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda, Sergio Tulio Suncar Liriano e Isabel María Soto Santana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó una decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que lo condena a siete años de prisión, e igualmente condena al empleado de esa entidad Ángel José Castro a cinco años de reclusión.
La dirección de comunicación y prensa de la Procuraduría General, indica que la institución también obtuvo sentencias condenatorias en contra del exdirector del Departamento de Edificaciones Escolares de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y del excoordinador de la Dirección Técnica de esa entidad, Alejandro Isidoro De Los Santos y Joel Soriano Fabián, quienes fueron condenados por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a seis y cinco años de prisión, respectivamente.
En torno a ese mismo caso de OISOE, detalló que el tribunal también condenó a cino años de reclusión a los imputados Ernesto Romero y el abogado Julio Rafael Pérez Alejo, este último quien fue identificado como “El hombre del maletín” o “El hombre de los anillos”, y que aunque no laboraba para esa entidad, tenía a cargo la entrega del dinero prestado a contratistas para el avance de la construcción de las obras.