La Procuraduría General de la República (PGR) ya tiene en su poder el informe del Ministerio de Defensa sobre varios oficiales policiales y militares presuntamente involucrados en el tráfico de 625 kilogramos de cocaína, informó hoy la institución en un comunicado.
Conforme se ha establecido, la droga fue introducida en el país por el Aeropuerto Internacional de La Romana el pasado 24 de octubre en una aeronave procedente de Cartagena, Colombia, y se presume que, posteriormente, fue enviada en dos partidas a Estados Unidos y Europa, según el comunicado de la PGR.
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, instruyó al titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano, para que inicie una investigación penal contra los implicados.
Se trata del coronel Domingo Figueroa Heredia, de la Fuerza Aérea Dominicana y asignado al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac), y del también coronel Robert Ramírez Pimentel, del Ejército, que prestaba servicios para la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Asimismo, la investigación implica al teniente de la Policía Nacional Andrés Lorenzo Castillo y del asimilado militar Enmanuel Cruz Espinal, quienes, al igual que los coroneles, cometieron “faltas disciplinarias graves comprobadas en el ejercicio de sus funciones”.
La PGR ha designado una comisión investigadora encabezada por el procurador de corte adscrito a la Dirección General de Persecución, Fernando Quezada para dar seguimiento al caso.
Según la información suministrada, los oficiales y el asimilado militar involucrados hasta el momento en el caso supuestamente recibieron sobornos de parte de personas vinculadas al narcotráfico.
El procurador Rodríguez instruyó que comiencen de inmediato las investigaciones para proceder con el proceso judicial correspondiente contra los miembros de las citadas instituciones, así como contra otras personas que pudieran estar involucradas en este caso de narcotráfico internacional, si así se estableciera.
La comisión investigadora del Ministerio Público tiene instrucciones de profundizar en las investigaciones con la colaboración de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Durante la investigación, “respetando el debido proceso, se irá ofreciendo información sobre los nuevos hallazgos que surjan en el transcurso de las indagatorias”, apunta la nota. EFE
