Santo Domingo.- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, informó que enfocan sus acciones en dos proyectos de ley sobre protección de denunciantes de actos de corrupción y de extinción de dominios o decomiso civil de bienes ilícitos.
Explicó que esos proyectos permitirán la defensa legal de testigos y peritos de actos de corrupción, y el otro facilitará la incautación o confiscación de bienes de una manera ágil, autónoma, distinta e independiente de cualquier otra acción penal, civil o administrativa, para aquellas personas que no puedan probar el origen de su fortuna.
Guerrero Pelletier habló del tema al participar como oradora invitada al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), que se desarrolló en un hotel de esta ciudad con la presencia del embajador de los Estados Unidos, James W. Brewster, y Gustavo Taveras, presidente de la entidad anfitriona.
Igualmente, dijo que esa entidad tiene 20 procesos judicializados pendientes de decisión en los tribunales y otros 40 casos en investigación, y que han dado prioridad a la continuidad en la implementación de las convenciones internacionales contra la corrupción.
La directora de la PEPCA enumeró dentro de los casos pendientes de decisión en los tribunales, el del Ayuntamiento de La Romana, donde por primera vez se obtiene arresto de un síndico activo y posteriormente su suspensión, ya que actualmente está en prisión; Junta Distrital de Cabarete, Puerto Plata, con la suspensión del síndico activo con medida de coerción de una garantía económica de cinco millones de pesos.
También, el de Bienes Nacionales con funcionarios de alto rango compelidos a renunciar del cargo, proceso llevado hasta última instancia al Tribunal Constitucional; el del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, con el síndico activo que obtuvo medida de coerción consistente en garantía económica de RD$5 millones, que fue recurrido por la PEPCA.
