Un proyecto de ley que, en los hechos, despoja al Ministerio de la Mujer de las competencias legales que tiene para la prevención de la violencia contra las féminas y se las traspasa a la Procuraduría General de la República, está bajo discusión en el Senado.
Ese proyecto, de la autoría del senador oficialista por San Juan de la Maguana, Felix Bautista, crearía un nuevo marco denominado Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, en el que las responsabilidades de esa lucha quedan concentradas en el Procurador General.
De paso, el proyecto anularía la llamada Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia, creada en noviembre de 1998, luego de la aprobación de la ley 24-97 que modificó los códigos Penal, de Procedimiento Criminal y el de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, actualmente en vigor.
El proyecto establece en uno de sus artículos que será responsabilidad de la Procuraduría General de la República el definir, impulsar y evaluar de manera sistemática y participativa de las políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres.
La estrategia de prevención, dice el proyecto, se realizará bajo la dirección funcional de la Procuraduría con la colaboración de las instituciones públicas y privadas correspondientes.
El proyecto autoriza a la Procuraduría a crear un Observatorio de Violencia y Discriminación contra la Mujer con la colaboración de la Oficina Nacional de Estadísticas y el Ministerio de la Mujer.
El nuevo sistema de apoyo integral que propone este proyecto de ley queda bajo la dirección de la Procuraduría, como soporte de todas las políticas y programas desarrollados por órganos del Estado, instituciones autónomas, organizaciones sociales y de mujeres.
Al Ministerio de la Mujer se le asigna, en ese proyecto, la obligación de “apoyar las políticas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres establecidas por la Procuraduría y el Consejo Consultivo”.
Al Ministerio de Interior y Policía, entretanto, se le hace responsable de colaborar en la ejecución de las políticas de prevención “ diseñadas por la Procuraduría”, así como, otras obligaciones conexas.
Por igual, se les asignan responsabilidades semejantes a los ministerios de Salud Pública, Educación y de Trabajo y a otras instituciones públicas.
Legisladores que han estudiado el proyecto dijeron al LISTÍN DIARIO que sus contenidos afectan las vigentes competencias que posee el Ministerio de la Mujer y que excluye la participación de la sociedad civil en las políticas de prevención.
Las asignaciones presupuestarias estarían concentradas por la Procuraduría General de la República, incluyendo las donaciones de organismos internacionales.
Los legisladores anticipan fuertes controversias en el Senado y la Cámara de Diputados, alegando que la mayoría de las mujeres legisladoras no comparten la idea de mutilar al Ministerio de la Mujer en su competencia para prevenir abusos y asesinatos contra las féminas.
