SANTO DOMINGO.- El consejo de abogados del William Amador Álvarez reclama la entrega de los terrenos donde está ubicada la empresa Coca Cola, tras la Procuraduría General de la República otorgar a Bepensa Dominicana un plazo de 15 días, el pasado mes de enero, para desocupar voluntariamente su propiedad y “aún no cumplen ese mandato”.
Su petición pública está basada en siete sentencias judiciales y otros actos legales que validan su reclamo de propiedad sobre la parcela de 15 mil 342.14 metros cuadrados, ocupada por la empresa Bepensa Dominicana, antigua Refrescos Nacionales.
El grupo de abogados, encabezado por el doctor Ramón Pina Acevedo, explicó que el proceso legal adquirió la condición de la cosa irrevocablemente juzgada. Agregó que dichas decisiones han servido de base para que el registrador de Títulos emitiera el certificado de título número 83-12504 a favor del señor Amador Álvarez.
De acuerdo a los documentos presentados en rueda de prensa, el registrador de Títulos no solo emitió el certificado correspondiente a la propiedad de 15 mil 314.42 metros cuadrados pertenecientes a Amador Álvarez, sino también el certificado correspondiente a una porción colindante de 21 mil 378.62 metros cuadrados propiedad de Refrescos Nacionales (hoy Bepensa Dominicana), documento identificado con la matrícula 0100258705.
Elías Nicasio y Sandy Pérez, quienes forman parte del equipo legal responsable del caso, explicaron que “la reciente acción de desalojo realizada a requerimiento del señor William Amador Álvarez ha estado estrictamente dirigida a recuperar la porción de 15 mil 314.42 metros cuadrados que Bepensa Dominicana pretende retener irregularmente a pesar de que no cuenta con ninguna documentación legal para justificar ese acto de fuerza.
CONEP contradice sus principios
En un documento entregado a los periodistas, los abogados dijeron lamentar que “el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), sin conocer el fondo del proceso y las decisiones de los tribunales que han conocido esta litis, haya incurrido en la ligereza de suscribir un comunicado donde reclama respeto a la seguridad jurídica y a la inversión extranjera en desmedro de la razón legal y el derecho de propiedad que amparan el reclamo de William Amador Álvarez y en contra de los principios institucionales que históricamente ha defendido esa organización empresarial”.
No obstante, atribuyen la posición del CONEP a “un ejercicio de solidaridad empresarial y a la ignorancia de sus directivos sobre la situación legal del conflicto”.
En cuanto a la firma Bepensa Dominicana (Coca Cola), indicaron que esta empresa no tiene una sola justificación legal para seguir ocupando una propiedad que no le pertenece “por lo que no puede desconocer mediante una campaña mediática las decisiones adoptadas por los tribunales competentes en el transcurso de un dilatado proceso judicial, que durante más de 37 años ha otorgado ganancia de causa al señor Amador Álvarez”..
La resolución del Procurador General Adjunto, Víctor Robustiano Peña, de fecha 8 de enero del año 2015, concediendo un plazo de 15 días a la compañía Bepensa Dominicana para que voluntariamente desocupe la porción reclamada por el señor William Amador Álvarez, con la advertencia de que vencido el plazo procederá a conceder el auxilio de la fuerza pública en favor del propietario legítimo, a los fines de ejecutar el desalojo sobre el inmueble de referencia.
