El Ministerio Público no ha apelado el auto de no ha lugar que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dictó a favor del imputado Jesús (Chu) Vásquez Martínez dentro del caso Odebrecht para proteger la parte del dictamen que envía a juicio a otros seis encausados, proceso que comenzará el 12 de septiembre.
Así lo manifestó este domingo el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien señaló que el grupo de fiscales encargados de la causa tampoco están de acuerdo con la exclusión de varios documentos que servían de medios de prueba, tal y como establece la sentencia del juez Francisco Ortega Polanco.
La Procuraduría General de la República sí está conforme con la sentencia del magistrado de la SCJ que envía a juicio de fondo a los otros seis imputados por el cobro ilegal de 92 millones de dólares que la constructora admitió haber pagado en el país por la concesión de obras públicas entre 2001 y 2014.
Mediante un comunicado, Rodríguez explicó que los imputados no pueden apelar las decisiones del juez de la instrucción de apertura de juicio, tal y como «establece de forma clara la ley».
En este sentido, señaló que el artículo 303 del Código Procesal Penal expresa que las resoluciones de auto de apertura de juicio no son susceptibles de ningún recurso, por lo que los imputados apelaron a sabiendas de que no procede, «lo hicieron como táctica dilatoria, como lo han hecho con más de 40 instancias que han incoado y que ha ganado el Ministerio Público».
Sin embargo, sí puede hacerlo el Ministerio Público, pero «no se apela esa parte de la sentencia en la que estamos en desacuerdo para no eliminar a los jueces, ya que si se apela estos cinco jueces no podrían conocer el fondo del caso.»
El pasado 21 de junio, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia para el caso Odebrecht, Francisco Ortega Polanco, dictó el auto de apertura de juicio contra los seis imputados, que serán juzgados en este tribunal a partir del 12 de septiembre.
Los imputados en el caso son el empresario Ángel Rondón Rijo, el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Víctor Díaz Rúa, el senador Tommy Alberto Galán, el notario Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, el expresidente del Senado Andrés Bautista García y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables Juan Roberto Rodríguez Hernández.
Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo que ha admitido haber pagado en sobornos en el país.
