Santo Domingo.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, manifestó su rotundo desacuerdo con la decisión emitida este martes por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de mantener en libertad condicional bajo garantía económica al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón Rijo.
Ambos están implicados en los sobornos que la empresa Odebrecht admitió que pagó en el país para asegurar contratos de obras estatales.
A través de un comunicado de la Dirección de Comunicación de la Procuraduría General de la República (PGR), el máximo representante del Ministerio Público expresó que la indicada resolución emitida por el tribunal de alzada es injustificable porque no han variado en nada los presupuestos que dieron origen a que el pasado 8 de julio esos mismos jueces ratificaran la prisión preventiva para ambos encartados.
El Procurador General señaló que en el recurso de apelación los fiscales a cargo del caso Odebrecht presentaron suficientes elementos para que sin vacilación el tribunal retornara a la cárcel a Díaz Rúa de donde jamás debieron haber salido. De igual manera, con Rondón Rijo, sobre todo, porque la estadía en libertad de ambos representa un gran riesgo para la ampliación de las investigaciones que se están llevando a cabo.
“La Procuraduría no favorece ese comportamiento, y objeta absolutamente la medida que lo facilita y las motivaciones que han impulsado la decisión de hoy; la misma es totalmente incongruente con nuestros propósitos de hacer justicia. Esta institución, nuestro equipo y los fiscales a cargo estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para evitar que se incentiven las percepciones de permisividad e inacción y que de una vez por toda sean erradicados de la sociedad dominicana; especialmente en los actores políticos y sus vinculados directa o indirectamente”, destaca el comunicado.
Mediante la declaración, el Procurador General hizo un llamado a la ciudadanía para que mientras se aproxima el momento de aplicar las consecuencias que corresponden frente a los actos de corrupción, “los ciudadanos de bien reaccionemos con nuestro rechazo”.
Tras conocer la apelación presentada por el Ministerio Público, la Segunda Sala Penal de la SCJ, decidió mantener a Rondón Rijo y Díaz Rúa las medidas de coerción consistentes en garantías económicas por montos de RD$70 y RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, respectivamente.
