SANTO DOMINGO. El Procurador General de la República solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informes detallados de las declaraciones juradas de impuestos pagados por el empresario y enlace comercial de Odebrecht en la República Dominicana, Ángel Rondón Rijo, del año 2000 a la fecha, respecto a 74 empresas que vinculan con él.
En la comunicación dirigida al titular de la DGII, Magín Javier Díaz Domingo, Jean Alain Rodríguez solicitó que le sea remitida la relación de los bienes inmuebles registrados a nombre de Rondón Rijo con los contratos de compra o venta anexados.
También los nombres de las personas físicas o jurídicas, ya sean compañías, fundaciones y consorcios en las cuales figure como propietario de acciones, así como su participación accionaria.
Alain Rodríguez pidió, además, los formularios de declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas (IR-1), pagados por Ángel Rondón como persona física desde el año 2000 hasta la fecha; declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas (IR-2), reportados con sus respectivos formularios anexos, así como cualquier otra carga impositiva que haya sido saldada y la declaración jurada de otras retenciones y retribuciones complementarias (IR-17), presentados y pagados.
En la solicitud, el Procurador enumeró y nombró las 74 empresas, la mayoría con su Registro Nacional de Contribuyente (RNC), que estarían vinculadas a quien Odebrecht señaló como receptor de los US$92 millones, los cuales habrían sido distribuidos a funcionarios y exfuncionarios públicos para beneficiar a la empresa con obras del Estado.
En una búsqueda en la página de la Dirección de Impuestos Internos, Diario Libre pudo comprobar que 47 están activas, 10 inactivas, nueve indican que fueron dadas de baja, mientras que otras seis no aparecen registradas.
“Esta información es importante para una investigación en curso, por lo que agradecemos su acostumbrada colaboración a la mayor brevedad posible”, dijo Jean Alain Rodríguez en la comunicación del 25 de septiembre del 2017.
En otra comunicación, de fecha 20 de diciembre del año pasado, El Procurador solicitó a la DGII los expedientes completos depositados para la inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes de 38 empresas vinculadas a los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht.
En la búsqueda hecha por Diario Libre se pudo verificar que algunos de esos contribuyentes están activos, otros inactivos, dados de baja y siete no aparecen, aun teniendo un RNC de referencia.
Ese mismo día, pidió en el documento oficial 05676 los nombres de las personas físicas o jurídicas, ya sean compañías, fundaciones y consorcios que figuren como accionistas en otras doce empresas.
De igual modo, el porcentaje accionario de cada uno, bienes inmuebles registrados a su nombre y la relación de pago de impuestos.
La DGII habría enviado informaciones contradictorias a la Procuraduría General de la República respecto a dos hermanos del senador Tommy Alberto Galán Grullón, por lo que les remitió otra comunicación solicitando la información rectificativa.
Jean Rodríguez, informó a Magín Díaz que los datos recibidos de los parientes del legislador en la comunicación 612957 del 03 de julio del año pasado, se contradicen, “pues informan que dicho individuo no reportó pago de impuestos y luego presentan una tabla detallando los períodos en que esta persona realizó pago de IR1”.
Para el proceso de investigación que lleva la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), no sólo se solicitaron informes sobre declaraciones de impuestos, también certificaciones de estatus jurídico de 219 inmuebles ubicados en las provincias Santiago, San Francisco, San Cristóbal, Samaná, Peravia, La Vega, La Altagracia, Distrito Nacional, El Seibo, San Pedro y Santo Domingo.
Jean Alain Rodríguez, solicitó a Argentina, Panamá y España informes sobre productos financieros de los catorce imputados en el caso Odebrecht, así como de hijos, yernos, esposas, hermanos, parientes o allegados a ellos. Las solicitudes incluyen a 34 personas y 51 empresas vinculadas a los procesados por los US$92 millones que pagó la empresa.
