El procurador de República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, que ha logrado que Odebrecht pague en su país una multa de 184 millones de dólares, analiza desde hoy el modelo penitenciario mexicano para invertir en su país el dinero que ha recuperado del mayor caso de corrupción en América Latina.
“Estamos dedicando (los fondos obtenidos del caso Odebrecht) a un plan de humanización de nuestros sistema penitenciario, en el fiel cumplimiento de la ley, pero también cubriendo una enorme necesidad en cuanto a respeto a los derechos humanos y reinserción a la sociedad”, afirmó hoy Rodríguez en una entrevista con Efe en la capital mexicana.
Rodríguez acaba de presentar en su país un informe sobre su gestión de dos años al frente de la Procuraduría General de la República Dominicana.
En un caso inédito, el procurador ha logrado ingresar a las arcas de la República Dominicana más de 190 millones de dólares por casos de corrupción: el de Odebrecht y el decomiso de unos 388 millones de pesos dominicanos (7,76 millones de dólares) provenientes del lavado de activos.
Por la investigación de Odebrecht en su país siete personas están siendo enjuiciadas, entre las que destacan un senador y un exministro de Obras Públicas.
Durante su visita a México, el fiscal se reunirá con su homólogo mexicano, Alberto Elías Beltrán, y diversas autoridades para conocer de primera mano la gestión de algunos centros penitenciarios del país.
“Tendremos encuentros básicos y oficiales para enriquecer nuestro conocimiento, con todas las autoridades, desde el procurador hasta aquellos que llevan el tema penitenciario. Tendremos también alguna visita a un recinto penitenciario modelo”, explicó el fiscal.
Rodríguez tiene previsto visitar el miércoles un penal femenino de Morelos, estado colindante con Ciudad de México.
El fiscal anunció a mediados de octubre la realización de más de 80 obras de infraestructura de todo el sistema carcelario dominicano con una inversión cercana a los 170 millones de dólares. Las obras incluyen construcción, remodelación y ampliación de instalaciones.
“México tiene una larga historia con respecto a la protección de los derechos humanos en materia penitenciaria y hemos visto cómo también en los último años han realizado varios recintos penitenciarios que cumplen con las denominadas normas Nelson Mandela”, explica el procurador.
De acuerdo a la Dirección de Prisiones del país caribeño, las cárceles dominicanas tienen una sobrepoblación que alcanza el 85 %.
Con tres maestrías, una en la Universidad de París, otra en la Universidad de La Sapienza (Italia) y otra la Escuela Nacional de Administración de Roma, Rodríguez transformó el Ministerio Público poniendo especial énfasis en perseguir delitos como feminicidios, crimen organizado, lavado de activos y corrupción.
La indemnización al Estado dominicano por parte de Odebrecht fue posible gracias a la aplicación de la ley sobre Soborno en el Comercio.
“Cuatro meses antes del caso Odebrecht aumentamos la cantidad de fiscales que desde la procuraduría general dedicamos al tema de la corrupción. Lo vimos en buena hora porque era el mayor caso de corrupción que se ha visto en Latinoamérica, en nuestro país, y quizás en el mundo”, indicó.
Luego viajó a Estados Unidos y Brasil para poder establecer líneas de cooperación con esos Gobiernos y probar la entrega de 92 millones de dólares a una red de funcionarios dominicanos.
La ley dominicana permitió la obtención del doble de los activos para ser invertidos en el sistema penitenciario de su país.
“Con lo que puedes golpear (a Odebrecht) es con la parte económica. Y allí teníamos una ley de sobornos que tenía un buen concepto y un muy buen marco jurídico. Dijimos ‘vamos a usarla’. Hicimos un convenio de cooperación donde multamos o logramos una indemnización bien fuerte”, relató.
La Fiscalía a cargo de Rodríguez puso en práctica técnicas legales innovadoras para procesar casos de corrupción enfocadas en la cooperación y la reparación del daño causado.
“Que el dinero del pueblo, de nuestros países, sea utilizado en lo que tanto se necesita: en combatir la pobreza, en los servicios públicos, salud, infraestructura, y no que quede en manos de unos pocos”, recalcó.
En 2017 se lograron en el país caribeño condenas en materia de corrupción para 21 personas, entre ellas diversos funcionarios públicos.
“Toda la ciudadanía debe tomar esto como un reto, porque muchas veces se ve a la autoridad como en el ente que viola la ley. Nunca olvidemos que para un corrupto se necesita un corruptor”, finaliza el fiscal.
