Concluidos los trabajos la Asamblea Nacional Revisora el próximo viernes, su presidenta, Cristina Lizardo, deberá fijar la hora y la fecha para la proclamación de la nueva Constitución de la República.
Según se adelantó ayer, esa proclamación se produciría el próximo sábado, un día después de la clausura de los trabajos.
El artículo 73 del reglamento de la asamblea dice textualmente “el (la) Presidente (a) de la Asamblea anunciará el día y la hora para la proclamación del texto de la Constitución que ha sido adoptado”.
Se le agrega un párrafo: “El día en que sea proclamada la Constitución reformada, se clausurarán definitivamente los trabajos de la Asamblea Nacional reunida para resolver acerca de las reformas a la Constitución”.
Explica que esa proclama se llevará a cabo en un acto solemne en el salón de la Asamblea Nacional, en el cual se leerá el texto completo de la Constitución reformada.
El párrafo I dice: “Para esta ocasión se deberán disparar salvas de veintiún cañonazos, al iniciar y concluir la proclama del texto de la Asamblea Nacional de la República Dominicana”.
Explica que ese día serán clausurados los trabajos cuyos actos deberán ser transmitidos por una amplia cadena de radio y televisión. Para estos fines se dispone que los medios de comunicación públicos y privados que deseen, se sumen a la misma, agrega.
Insisten en denuncia
Mientras tanto, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) continuaron ayer con su denuncia de que hubo sobornos a legisladores durante la aprobación en primera lectura de la Ley de Reforma a la Constitución, para restablecer la reeleción prsidencial y permitir la postularción del presidente Danilo Medina.
El vocero en la Cámara de Diputados del PRM, Nelson Arroyo, anunció que en la próxima semana llevarán ese caso a la Procuraría General de la República, para así pasar “de las palabras a los hechos”. Aseguró que hay legisladores que están dispuestos a atestiguar cuando los convoquen
Manifestó que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, debió iniciar las investigaciones de lugar sobre las denuncias relacionadas a los funcionarios que maniobraron para doblegar la voluntad de los congresistas, para que sancionaran la reforma.
Consideró que las denuncias no se pueden dejar al rumor público, sino que se debe comenzar a llamar por su nombre a los señalados de doblegar voluntades y conciencias. El legislador dijo que por lo menos si no hay una condena judicial esperarán el reproche moral que el pueblo dará por lo sucedido.
