SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Mientras Michelle Cohén, presidenta del Consejo Directivo, atribuye las posturas críticas de empresarios y funcionarios a la falta de información , lo cierto es que Pro-Competencia ha manejado más de RD$444 millones desde el 2011, sin incluir el presupuesto de este año, y carece aún de un director ejecutivo que le permita operar y ejercer a plenitud sus funciones.
Según se informa en su página web, la entidad instituida en enero del 2008 para “promover y garantizar la competencia efectiva” en los mercados de productos y servicios permanece aún “en proceso de habilitación”.
De acuerdo con Cohén, en la actualidad se avanza en los sistemas y procesos internos de capacitación necesarios para empezar a operar, algo que según la funcionaria se toma su tiempo.
No obstante, sectores como la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) han sido reiterativos en señalar la “inercia” del organismo, que en palabras de Víctor Castro, pasado presidente de la AEIH, se ha gastado todo este tiempo haciendo “cursitos, contactos sociales, viajes y seminarios”.
Desde junio del 2011, cuando finalmente se constituyó y fue juramentado su Consejo Directivo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ha administrado un fondo presupuestario de RD$444,799,097 millones, correspondiente al período 2011-2014.
Salarios competitivos
Para el año en curso fueron asignados al organismo RD$141,852,099 millones, monto inferior en casi RD$35 millones al que recibió en el 2014 (RD$176,630, 524 millones), aunque superior a los RD$137,503,134 aprobados para el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
De su presupuesto actual, Pro-Competencia destina el 80%, más de RD$114 millones (RD$114,616,657) a sus gastos corrientes, aproximadamente el 88% de éstos al pago de servicios personales o nómina, y al gasto de capital los RD$27,237,442 millones restantes, que provienen de “donaciones externas”.
El organismo descentralizado y autónomo del Estado consigna en su portal una nómina de 37 empleados fijos -a diciembre del 2014-, distribuidos en once departamentos, incluido el Consejo Directivo de cinco miembros.
Su presidenta desde abril del 2013, Michelle Cohén, devenga un salario bruto de RD$500,000, mientras que los demás miembros ganan RD$416,667 cada uno. Son éstos los economistas Antonio Rodríguez, Magdalena Gil y Leida Rosario Reyes, y la abogada Esther Luisa Aristy. En conjunto, los integrantes del CD perciben un ingreso bruto de RD$2,166,668 mensuales.
Siete años de atraso
En su artículo 66, la Ley General de Defensa de la Competencia (42-08, promulgada el 16 de enero del 2008) daba al Presidente de la República y al Congreso “un plazo máximo de noventa (90) días” para designar a los miembros del Consejo Directivo de la entidad y a su Director Ejecutivo. O sea, que la Comisión debió estar constituida a plenitud, lista para empezar a operar, desde abril de 2008, hace ya casi siete años.
Aunque la presidenta del Consejo Directivo ha tratado de minimizar el rol del director ejecutivo, equiparándolo al de un “secretario técnico” sin facultad para tomar decisiones, los sectores empresariales achacan a la no escogencia de este funcionario la “inoperancia” que atribuyen al organismo.
De hecho, el capítulo III de la Ley 42-08 confiere a la Dirección Ejecutiva la importante función de “instruir y sustanciar los expedientes, administrar y coordinar las actuaciones operativas y ser fedatario de los actos oficiales” de Pro-Competencia.
