La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, fue apoderada ayer de un conjunto de “nuevas pruebas” relacionadas con la denuncia presentada en contra del publicista Joao Santana, su esposa Mónica Moura y su hijo, Ayle Axe Santana.
Los documentos fueron depositados en la Secretaría de la Fiscalía por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través de los diputados Faride Raful, Francisco Javier Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz, y de los abogados Sigmund Freud, Antoliano Peralta y Jesús Félix Jiménez.
De acuerdo con los abogados, los documentos depositados al Ministerio Público son facturas por pago de publicidad y otros tipos de pruebas para que se inicie una investigación y se determine los funcionarios que pudieran estar involucrados en este caso.
También anunciaron que depositaron copias en la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), para que se sume a las investigaciones en torno a su posible vinculación con funcionarios del Gobierno del presidente Danilo Medina.
La presentación de las pruebas se produce luego de que la Cámara de Diputados rechazara designar una comisión para que investigue el alegado pago de RD$1,400 millones de parte del Gobierno para la campaña electoral del presidente Danilo Medina en el 2012.
Raful dijo que tan pronto la fiscal Reynoso de curso a la denuncia, procederán a presentar una querella formal contra Santana y Moura, quienes están presos acusados de corrupción en Brasil, de donde son oriundos.
Explicó que la denuncia en contra de Santana y su esposa fue presentada en el 2016 en la Fiscalía del Distrito Nacional, pero que la están reintroduciendo de nuevo, al tiempo de aclarar que la misma no incluye al presidente Danilo Medina.
Manifestó que la denuncia busca que se verifique la legalidad de los contratos hechos con el Ministerio Administrativo de la Presidencia y que se evidencie si hubo una violación legal al principio de transparencia.
“Esta denuncia obliga a que el Ministerio Público también investigue cual ha sido la contratación que se ha hecho, sobre cuales fundamentos, que el Ministerio Público tenga la posibilidad de profundizar, de tener acceso a contrato y facturas que no se han entregado”, acotó Raful, diputada por la Circunscripción Número Uno del Distrito Nacional.
Dijo que a este país hay que explicarle a donde fueron a parar más de mil 400 millones de pesos en contrataciones públicas a la empresa de Joao Santana, que ha sido utilizada en el entramado de lavado de activos por Odebrecht en toda región de Latinoamérica.
“Estamos agotando los procesos institucionales previstos en las leyes y en la Constitución de la República, No estamos apelando al caos, estamos apelando a que funcionen las instituciones de manera independiente y que los procesos sean agotados, esa es nuestra responsabilidad como legisladora y vicepresidenta del partido”, apuntó Raful.
