El Juzgado de Garantía de la ciudad de Rancagua decretó hoy prisión preventiva para el excanciller del arzobispado de Santiago de Chile, el sacerdote Óscar Muñoz Toledo, imputado por la presunta comisión de abusos sexuales reiterados y estupro, según informó el Poder Judicial.
Muñoz, quien fue detenido este jueves en Santiago, permanecerá en prisión mientras se realiza la investigación de 180 días decretada por el juez para dilucidar si cometió los delitos por los que fue imputado este viernes.
El imputado, de 56 años, tiene sobre sí una acusación de siete casos de abuso sexual y estupro contra menores, motivo por el cual la Fiscalía de la región de O’Higgins, encabezada por el fiscal Emiliano Arias, ordenó ayer su detención.
Muñoz fue trasladado a primera hora de hoy a Rancagua, unos 90 kilómetros al sur de Santiago, donde se presentó ante el tribunal para atender su formalización.
Muñoz, que también fue párroco de la Iglesia Jesús de Nazareth en el sector santiaguino de Estación Central, se había autodenunciado por abusos ante la Oficina Pastoral de Denuncias y fue separado de su cargo el pasado enero, dos semanas antes de la visita a Chile del papa Francisco.
El pasado mayo, la Fiscalía abrió una investigación en su contra, tras darse a conocer los hechos que habrían afectado a cuatro menores, pero a la fecha actual los casos suman siete, ocurridos presuntamente entre 2002 y comienzos de este año.
Las víctimas tenían entre 11 y 17 años; cinco menores abusados son sobrinos del religiosos, otro corresponde a uno de sus acólitos y el restante es un joven que fue abusado en Rancagua en 2004.
Cabe señalar que Muñoz era el encargado de recibir las denuncias en el Arzobispado de Santiago sobre casos de abuso sexual en la iglesia y además era asesor directo del cardenal Ricardo Ezzati, titular del arzobispado.
Preguntado sobre la situación, Ezzati aseguró a los periodistas que la iglesia “tiene la disponibilidad de colaborar con la Justicia en todo lo que sea requerido”.
El fiscal Emiliano Arias, encargado del caso, aseguró este jueves que pese a la antigua data de algunos de los hechos, los delitos cometidos presuntamente por Muñoz no están prescritos, y no descartó que aumente la cantidad de víctimas.
Añadió que se investiga además eventuales encubrimientos de los delitos. “Es encubridor aquel que con conocimiento de la comisión de un delito con posterioridad, facilita que éste no sea descubierto. Esa hipótesis está siendo investigada en este caso”, precisó.
El pasado junio, la Fiscalía ordenó la incautación de documentos y ordenadores en el obispado de la ciudad de Rancagua y en el Tribunal Eclesiástico, en Santiago.
Dicha diligencia buscaba encontrar expedientes canónicos, investigaciones previas y antecedentes que tuvieran relación con denuncias que apuntaba a un grupo de sacerdotes de la región de O’Higgins y que integraban una cofradía de abusadores denominada “La Familia”, caso en el que catorce curas fueron suspendidos.
Otros dos fiscales regionales, Raúl Guzmán, de la Fiscalía Metropolitana Sur, y Mauricio Richards, de la región del Maule, encabezan también en la actualidad indagaciones que involucran a religiosos católicos.
Los casos de abusos sexuales han conmocionado desde hace años a la Iglesia Católica chilena y el pasado junio el papa Francisco aceptó las renuncias de cinco obispos, luego de que 34 miembros de la Conferencia Episcopal de Chile le ofrecieron sus cargos tras ser citados a El Vaticano por el pontífice.
Dos de los cinco que fueron alejados, Juan Barros y Horacio Valenzuela, fueron acusados directamente de encubrir los abusos contra menores por las víctimas del párroco Fernando Karadima, caso en que el papa debió enmendar su posición tras haber sostenido en un principio que las acusaciones contra los obispos eran calumnias.
