Un juzgado de Bolivia dispuso este sábado la detención preventiva por tres meses de la dirigente política Ruth Nina, aliada del expresidente Evo Morales, dentro de una investigación en su contra por amenazar con que en las elecciones generales de agosto se contarán “muertos” y no votos si el exgobernante no es candidato.
El Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia en Instrucción Penal número 1 de la localidad de Shinahota determinó que Nina cumpla la detención preventiva en la cárcel San Sebastián Mujeres, en la región central de Cochabamba.
La audiencia cautelar se realizó de forma telemática, pues la dirigente se encontraba en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de Cochabamba, la capital de la región homónima, y el juzgado está en Shinahota, un municipio del Trópico de Cochabamba, una zona cocalera situada en el mismo departamento.
Nina quedó aprehendida desde el jueves, tras presentarse a declarar en la Fiscalía Departamental de Cochabamba dentro de una investigación por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización de procesos electorales.
La dirigente, que representa al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), es investigada por decir hace dos semanas, durante una reunión de afines a Morales, que “el 17 de agosto no puede haber una elección sin la participación de la clase popular”, ni sin “un candidato que el pueblo boliviano ha elegido, como es el hermano Evo Morales”.
“Ese día, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno, en vez de contar votos, va a contar muertos, eso va a pasar si atentan contra nuestras comunidades indígenas, si nos obligan a querer votar por aquellos (los candidatos de otros partidos)”, sostuvo Nina, cuyo partido tiene un acuerdo electoral con Morales (2006-2019).
Morales tenía la intención de inscribir su candidatura presidencial con la sigla de Pan-Bol, pero ese partido no está habilitado para las elecciones del 17 de agosto porque perdió su personalidad jurídica a principios de mayo, debido a que en los comicios de 2020 no alcanzó el 3 % de los votos exigidos por la legislación boliviana.
Además, el expresidente, que gobernó Bolivia en tres ocasiones, no tiene partido y no puede ser candidato por una disposición constitucional que señala que la reelección en el país es “por una única vez” y sin posibilidad de un tercer mandato.
Antes de ingresar a su audiencia cautelar, N ina aseguró que “la libertad de expresión hoy está siendo encarcelada para todos los dirigentes”, mientras que sus declaraciones sobre las elecciones fueron criticadas por el Gobierno de Luis Arce, los sectores sociales afines al Ejecutivo y la oposición.
El Gobierno de Arce, que está distanciado de Morales, pidió la semana pasada a los órganos Electoral y Judicial que se siente un “precedente” mediante una denuncia penal conjunta contra Nina al considerar que sus declaraciones fueron una instigación pública a delinquir, entre otros delitos.
Los sectores afines a Evo Morales han advertido varias veces con que impedirán la realización de los comicios si no se permite postular al también exlíder del oficialismo y, entre otras medidas, bloquearon carreteras en algunas regiones en junio para exigir la inscripción de su candidatura.
Nueve organizaciones políticas participan en las elecciones generales del 17 de agosto, en las que los bolivianos elegirán a su presidente, vicepresidente y renovarán al Parlamento nacional para el próximo quinquenio.
