Mao, Valverde. – El Ministerio Público acusó a Máximo Mendoza de falsificar documentos oficiales para declarar como fallecidos a deudores que no le pagaban préstamos, en un esquema fraudulento que alcanzó al menos a seis personas entre diciembre de 2024 y junio de 2025.
De acuerdo con el expediente, Mendoza, arrestado durante un allanamiento en Mao, se presentaba en unidades de atención primaria y oficialías de la Junta Central Electoral (JCE) haciéndose pasar por familiar de las supuestas víctimas. Con un guion ensayado y fingiendo llanto, lograba que médicos en pasantía, sin exequátur, firmaran formularios de defunción, los cuales luego completaba en la JCE para formalizar el proceso.
Un negocio macabro
Las autoridades señalan que Mendoza otorgaba préstamos de entre cinco y quince mil pesos a personas en condiciones vulnerables, a cambio de quedarse con sus tarjetas de asistencia social, que apenas cubren 2,100 pesos mensuales. Cuando el cobro se complicaba, recurría a su “solución definitiva”: registrar al deudor como muerto en papeles oficiales.
En cinco de los seis casos investigados, el acusado logró completar todo el trámite en Salud Pública y la JCE; en uno, solo en Salud Pública. En todos, el resultado fue el mismo: en los documentos, la persona aparecía como fallecida.
Proceso judicial en curso
El Ministerio Público, representado por los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez y Esther María González Peguero, solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción, alegando que se trata de un caso complejo por la multiplicidad de víctimas, la reiteración del fraude y el daño causado al sistema de salud y al registral.
La jueza Yiberty Polanco Herrán, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, aplazó la audiencia para el próximo viernes 12 de septiembre a las 9:00 de la mañana, acogiendo una petición de la defensa.
Mientras tanto, las autoridades insisten en que Mendoza no solo violó artículos del Código Penal y la Ley 4-23 de Actos del Estado Civil, sino que también convirtió el registro de defunciones en un mecanismo de cobro, atentando contra la identidad y la dignidad de ciudadanos en situación de pobreza.
