El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo este jueves desconocer la información sobre el supuesto desalojo forzoso por parte de la Policía contra los campesinos de El Seibo que acampaban frente al Palacio Nacional desde el pasado viernes.
“No sabía, no quiero opinar sobre lo que no tengo conocimiento”, indicó Peralta a su salida de un acto burocrático.
Asimismo, afirmó que en la casa de gobierno dominicano no existen limitaciones para que los ciudadanos que se manifiesten durante el tiempo que deseen, siempre y cuando acaten las leyes establecidas.
“El que va a ahí tiene su espacio para protestar, pero también tiene que adaptarse al ordenamiento de nuestro país», agregó Peralta insistiendo en que durante los periodos gubernamentales del presidente en función, Danilo Medina, se ha permitido a todo el que desee protestar lo haga y que «siempre se le respeta».
Según sus declaraciones, el funcionario ignora si los campesinos fueron desalojados a altas horas la madrugada de este jueves y engañados con que serían llevados a centros médicos y al ser cuestionado sobre si atenderán sus reclamos, dijo que «a todo al que va al Palacio se le presta atención».
El grupo de campesinos denunció esta mañana ante periodistas que un gran contingente policial los despertó de madrugada, los metió en guaguas y los llevó a tres hospitales de Santo Domingo con el pretexto de realizarles un chequeo médico que no tuvo lugar y allá los dejó abandonados.
El sacerdote dominico Miguel Ángel Grullón, portavoz del grupo, dijo a periodistas que los policías «golpearon» a algunos campesinos y les «quitaron los celulares».
Después de estos hechos, los campesinos se dirigieron por la mañana a la Casa de los Dominicos, donde permanecen de momento.
Los campesinos exigen a la Presidencia de la República que les reconozca la titularidad de unas tierras en El Seibo, en el municipio de San Francisco Vicentillo, de donde fueron desalojados por un terrateniente.
Asimismo, alegan que poseer la titularidad de esas tierras, que les fueron cedidas en 1975 por medio de un decreto firmado por el entonces presidente, Joaquín Balaguer.
