México
Los partidos políticos pusieron a prueba a la sociedad mexicana en Guerrero, uno de los estados más golpeados por la corrupción, la impunidad y el narcotráfico, al abrir las puertas de sus candidaturas a dos personajes que, aún en medio de fuerte polémica, buscan la gubernatura del estado y la alcaldía de la ciudad de Acapulco.Luis Walton (1949), quien dejó la alcaldía del puerto para buscar desde hoy el gobierno estatal, consolidó a Acapulco como una de las ciudades más inseguras de América Latina sólo por detrás de San Pedro Sula y Caracas, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la Organización Alto al Secuestro y múltiples organismos empresariales.En Acapulco más de 2,000 negocios y un centenar de instituciones educativas cerraron o quebraron por la inseguridad mientras la policía municipal se encuentra en paro desde el año pasado por falta de seguro de vida.
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A mediados de su mandato, Walton reconoció que no había cumplido, como debía, con la función de “otorgar seguridad a la gente”. Sin embargo, tal incumplimiento no le impidió -ni ética ni legalmente- aspirar a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, cercano colaborador y aliado del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.Y para suplirlo en el cargo en Acapulco se anotó como aspirante por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el hijo de Ángel Aguirre Rivero, quien dejó el cargo de gobernador en octubre pasado tras las protestas sociales por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.Activistas sociales y familiares de las víctimas acusan al ex mandatario estatal de encubrir o, al menos, solapar al crimen organizado que mantiene a la entidad de cabeza con al menos seis células derivadas del cártel de los Beltrán Leyva.Ángel Aguirre Junior (Acapulco, 1984), afirmó que él tiene su propia historia, que la familia “no tiene nada de qué estar avergonzada” y que “los medios (de comunicación) lo han estigmatizado”El analista político Jorge Javier Romero cree que estas candidaturas ponen a prueba la democracia: “Los partidos pueden poner a los candidatos, pero, al final de cuentas, quienes van a dar la última palabra son los ciudadanos, de ellos depende”.
