El pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó ayer a Francisco Ortega Polanco como juez de la Instrucción Especial, para el conocimiento del juicio preliminar seguido a los siete implicados en el caso Odebrecht.
El pleno de la Suprema, por mayoría de votos, presidido por el también presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, tomó la decisión al rechazar tres solicitudes de inhibición y recusación presentada en contra del magistrado Ortega Polanco.
Empero, trascendió que la decisión contó con el voto disidente de la magistrada Miriam Germán Brito, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y la abstención de otro juez, cuyo nombre no fue revelado.
Durante la sesión celebrada en Cámara de Consejo, la mayoría de los integrantes consideró improcedente el pedido presentado por los imputados Conrado Pittaluga, Andrés Bautista y Ángel Rondón, de excluir al juez Ortega Polanco del caso Odebrecht.
El tribunal dispuso que la decisión fuera notificada a los imputados, quienes presentaron las solicitudes de inhibición y recusación, y al Procurador General de la República, Jean Rodríguez, para los fines correspondientes.
El 21 de junio pasado Andrés Bautista, a través de los abogados Antoliano Peralta, Carlos Salcedo y Thiaggo Marrero Perlta, depositaron una demanda o solicitud de inhibición en contra del juez, por considerar que durante la etapa preparatoria del caso tuvo una activa participación.
Mientras que el 22 de junio pasado, el imputado Pittaluga, a través de sus abogados Eric Raful, Santiago Rodríguez, Carlos Pérez y Joaquín Zapata, presentó una demanda de recusación en contra del magistrado, alegando que participó como juez de la instrucción o control durante la fase preparatoria del caso sobre los sobornos que admitió haber pagado Odebrecht para adjudicarse obras públicas.
El pasado 25 de junio pasado, Rondón presentó la solicitud de inhibición o recusación a través de sus abogados José Miguel Minier, José de los Santos Hiciano y Guillermo García Cabrera, bajo el alegato de que el juez Ortega Polanco tiene pleno conocimiento de las pruebas ofertadas por el Ministerio Público, como sustento de su acusación, lo que arrastra un vicio constitucional.
