SANTO DOMINGO. Además de conocer suspensiones de dos de sus principales secretarios y lidiar con los conflictos grupales internos, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tendrá que decidir en su reunión del próximo 6 de agosto quién será el presidente del Senado, a partir del 16 de agosto.
Fue el Comité Político que en julio del 2016 decidió elegir a futuro a cuatro presidentes de la Cámara de Diputados, “de acuerdo a la alternabilidad” de las fuerzas internas, turnando a legisladores de cada grupo, iniciando con Lucía Medina, hermana del presidente Danilo Medina, después con el actual diputado leonelista Rubén Maldonado, y ahora le correspondería al danilista Radhamés Camacho.
Reinaldo Pared Pérez, secretario general y aspirante presidencial, lleva dos años seguidos en la presidencia del Senado desde que se produjo ese acuerdo, pero ahora el sector que sigue al expresidente Leonel Fernández espera que uno de los suyos ocupe esa posición.
Pared Pérez afirmó que su permanencia o no en el cargo es una decisión del Comité Político, ya que “esa es una prerrogativa” de ese organismo.
Se recuerda que en el 2015 Pared Pérez renunció al puesto que ocupaba desde el 2006 para dedicarse a su proyecto.
Admitió que existen entre sus dirigentes divergencias de criterios en temas como el de la discusión del proyecto de Ley de Partidos, pero dijo que se tienen los métodos y las experiencias para dirimir conflictos.
El aspirante presidencial Carlos Amarante Baret consideró vergonzoso que haya que esperar seis meses para convocar al Comité Político de esa organización, donde cree que existe “una grave disfunción organizativa” en su máximo organismo de dirección.
Amarante Baret expresó que esa “disfunción en el Comité Político” se ve agravada por la incapacidad de la alta dirección del partido para reunirse. “Me estoy planteando seriamente la pregunta de si vale la pena pertenecer a un organismo que no tiene la voluntad de reunirse”, expresó.
El diputado Demóstenes Martínez, peledeísta de la tendencia leonelista, manifestó que agregarle tareas propias de los partidos a la JCE podría afectar la credibilidad de las elecciones generales. Agregó que no solamente sería un fracaso dar a la JCE la facultad obligatoria del montaje de las primarias de los partidos políticos, sino que además resultaría inconstitucional.
