República Dominicana.- El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó prisión preventiva por espacio de doce meses en contra del alcalde de aquí, el ex jugador de Grandes Ligas Raúl Mondesí, por alegadamente malversar fondos del Ayuntamiento que superan los RD$300 millones.
Mediante el escrito de acusación, se requirió a la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal la apertura a juicio y la imposición de medida de coerción por hechos graves de corrupción.
La jueza de la instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Luz del Carmen Matos, comenzó a conocer hoy la medidda de coerción pero pospuso para el 26 de junio el conocimiento de la misma.
La magistrada dispuso el reenvío luego que la defensa del funcionario solicitara que se postergara el proceso para tomar conocimiento del expediente.
El Ministerio Público anticorrupción, solicita además una garantía económica de 1 millón de pesos dominicanos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica contra cada uno de los ciudadanos: Bienvenido Araujo Japa (Secretario General), Pedro Cordero Valverde (Contralor) Antonio de Jesús Ferreira Guzmán (Tesorero Municipal) y Edward Vianelo Guerrero Pontier, principales funcionarios del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal.
LOS HECHOS
Se les acusa de haber manejado los fondos de forma discrecional sin cumplir con los procedimientos, elaborando los estados financieros sin criterios técnicos, además de que los impuestos retenidos no eran remesados, y que no cumplían mínimamente con el presupuesto.
Además se pudo establecer que confeccionaban documentos falsos y hacían uso de documentos falsos para la realización de contrataciones de servicios, con cargo a los fondos del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, como en algunos casos relativos a la recogida de basura.
Los impuestos eran retenidos sin remitir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), deuda con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), ausencia del pago 1X1000 del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), retenido a contratos de obras y el no pago del 1% de la Ley No. 6-86 sobre Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Área de la Construcción y todas sus Ramas Afines (FOPETCONS), retenido a contratos de obras.
Igualmente se hacían pagos en exceso por realización de obras de infraestructuras.
Además, contratación de bienes, obras y servicios violentando el procedimiento de compras establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Por igual se les acusa de realizar pagos sin soportes de los servicios, es decir, sin constancia de que los trabajos se hayan realizado.
También se ha podido determinar que realizaban pagos que excedieron el porcentaje establecido en la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, para la distribución de los fondos.
A los ediles además se les atribuye no realizar declaración jurada de bienes, aun cuando todo funcionario público está obligado por ley a realizar tal declaración.
Se estableció que realizaban pagos mensuales y consecutivos a favor de esposas, hijos, suegro, y personas con vinculación de consanguinidad, allegados, amigos y relacionados de las principales autoridades del Cabildo, la mayoría de las cuales no asisten ni prestaban servicios en la institución edilicia.
La acusación señala también la venta de equipos de transporte (Chatarras) en violación a las leyes y los reglamentos.
Asimismo indica que hicieron uso de personas supuestas para elaborar contratos y cobrar cheques con endosos falsos.
