Santo Domingo.- Un grupo de representantes de organizaciones civiles, comunitarias, asociaciones empresariales de las zonas fronterizas, entregaron un documento a la comisión de la Cámara de Diputados para asuntos fronterizos, en el que estas entidades fijan su posición frente a los apresto de modificación de la ley 28-01.
En la entrega del documento que también será remitido al Presidente de la república Lic. Danilo Medina, fungieron como voceros: Juan Ruperto Torres de la Fundación Fe y representantes de otras organizaciones comunitarias de Santiago Rodríguez, Sr. Erickson Taveras, Vice-presidente de la Federación de Empresarios y Comerciantes de la Frontera, así como representantes de empresas radicadas en la zona fronteriza.
El documento fue recibido por la Diputada por la provincia Santiago Rodríguez (PLD) Nancy Santos, miembro de la comisión de la Cámara de Diputados para asuntos Fronterizos.
Documento integro entregado a la Comisión.
Una vez más, los grandes empresarios dominicanos que critican la Ley 28-01 que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, lo hacen apartados de la realidad histórica que los ha favorecido por años, y de la realidad económica y social que justifica la existencia de la Ley 28-01.
Los que computan y publican los datos económicos del país, señalan que son más de 3,000 mil millones de dólares los que por concepto de exoneración e incentivos reciben cada año los grandes empresarios dominicanos ubicados en las grandes urbes, mientras que las empresas de la frontera, las que hasta ahora con mucho valor, riesgo y firme decisión se han acogido a la Ley 28-01 apenas reciben 30 millones de dólares de compensaciones.
¡Qué pena! debería ser al revés, y le decimos el porqué. Todas las empresas sólidas de este país que están radicadas en las zonas de mayor población y desarrollo económico, ¡absolutamente todas!, se han beneficiado de leyes de incentivos en algún momento de su historia; recordemos algunas:
Ley 290-85, sobre Incentivos al Desarrollo Forestal;
Ley 392-07, de Competitividad e Innovación Industrial;
Ley 299 de 1968, de Promoción e Incentivo Industrial, que permitió el desarrollo de la Zona Industrial de Herrera y Haina;
Ley 8-90 de Fomento de las Zonas Francas de Exportación, la cual fomenta el establecimiento de nuevas zonas francas y el crecimiento de las ya existentes, regulando su funcionamiento y desarrollo;
Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera, la cual pretende fomentar la inversión extranjera en la República Dominicana,
Ley 84-99 sobre Reactivación y Fomento de las Exportaciones, la cual fomenta la actividad exportadora en la República Dominicana;
Así como otras leyes más recientes, tales como:
Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico para los Polos de Escaso Desarrollo y Nuevos Polos en Provincias y Localidades de Gran Potencial,
Ley 57-07 sobre los Incentivos al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales, la cual establece una exención de todo tipo de impuestos de importación a los equipos, maquinarias y accesorios importados por las empresas o personas individuales, necesarios para la producción de energía de fuentes renovables, entre otros importantes beneficios;
Ley 171-07 sobre Incentivos Especiales a los Pensionados y Rentistas de fuente extranjera;
Ley 108-10, de Fomento a la Actividad Cinematográfica, entre otras tantas leyes de incentivos.
Como se puede apreciar, esos mismos sectores que hoy protestan injustificadamente para que desaparezca la oportunidad de desarrollo REAL de la frontera, en el pasado y todavía hoy, siguen beneficiándose de las políticas trazadas por el gobierno de la nación, de todo lo cual muchos empresarios parecen olvidarse precisamente ahora, cuando persiguen destruir los beneficios de la Ley 28-01.
No es que queremos criticar el espíritu que dio origen a esas leyes de incentivos, muy por el contrario, saludamos y valoramos el rol que las mismas han jugado en el desarrollo nacional, pero hay que decirlo “sin ningún aporte en la frontera” a pesar de que el desarrollo de la frontera fue declarado de interés nacional por nuestros legisladores desde hace muchos años. Ninguna de esas leyes de incentivo mencionadas, han sido concebidas desde el seno de nuestra Carta Magna, sólo la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, ha sido refrendada en los artículos 10 y 221 de la Constitución de la República, por la condición económica y social de extrema pobreza que ha imperado desafortunadamente en las provincias cercanas a la frontera, pues como indican esos artículos de la Constitución, el desarrollo fronterizo es “…de supremo y permanente interés nacional”; haciendo honra a las valiosas conquistas y devolviendo la deuda social que todo el país reconoce en nuestra condición de “Centinelas de la Patria”.
La frontera, ha jugado un papel preponderante en las epopeyas de la creación y restauración de nuestra patria, recordemos el “Grito de Capotillo”, que fue el comienzo de la Guerra Restauradora. Cuánta sangre derramada en nuestras tierras por nuestros ancestros, y aun hoy sus descendientes labramos la tierra, trillamos caminos y firmes vivimos aquí, cual centinela recibe las órdenes de sus superiores.
Le advertimos al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo, que no se dejen sorprender en su buena fe, ya que de manera constante, por más de 10 años y en estos momentos mucho más, algunos grupos oligárquicos del país, están minando los medios de comunicación con reflexiones infundadas y mezquinos planteamientos, con el único propósito de hacer desaparecer la única conquista y verdadero mecanismo jurídico con que cuenta la región fronteriza para lograr un verdadero y objetivo desarrollo, la Ley 28-01.
Estos grupos, que históricamente tienen enquistado en los organismos del estado, funcionarios y títeres, abrazan la esperanza de que el Honorable Ciudadano Presidente de la República, Lic. Danilo Medina y el Congreso Nacional actual, se conviertan en sepultureros de siete provincias del país, que con igual derecho a todas las demás provincias, y con mandato constitucional, aspiran a insertarse en el desarrollo globalizado que demandan los nuevos tiempos.
Según el Artículo 36 de la Ley de Reforma Fiscal, el Congreso debe revisar la Ley 28-01 en el plazo de 60 días después de promulgada la Reforma, lo que no implica una modificación, pero en caso de incluir modificaciones, sus nuevas orientaciones deberán ser objetivas y precisas, encaminadas a fortalecer, nunca a debilitar el propósito por la cual fue creada.
Sobre todas las diatribas y cabildeos a que nos tienen acostumbrados los grupos oligárquicos, deberá prevalecer el espíritu de nuestra constitución y el desarrollo fronterizo como interés nacional.
Los sectores sensatos del país y sobre todo los legisladores fronterizos, junto a cada ciudadano centinela de la frontera, debemos acordonarnos y en un nuevo “Grito de Capotillo”, doblegar las intensiones de grupos carentes de conciencia social, que por demás ya le han extraído hasta la última gota de sangre a esta nación.
Mons. Diómedes Espinal
Obispo Diócesis Mao- Montecristi
Mons. José Dolores Grullón
Obispo Diócesis San Juan de la Maguana
Mons. Rafael Felipe Núñez
Obispo Diócesis Barahona
Asociación Dominicana de Empresas Fronterizas (Adefro).
Federación de Empresarios y Comerciantes de la Frontera (FECFRON).
Asociación De Hoteleros de Dajabón, Inc.
Fundación Centinela de la Frontera, INC.
Cámara de Comercio y Producción de Santiago Rodríguez.
Cámara de Comercio y Producción de Barahona.
Cámara de Comercio y Producción de Mao Valverde.
Cámara de Comercio y Producción de Montecristi.
Comisión Pro-Desarrollo Turístico de Montecristi.
Alcaldía de Villa Elisa.
Centro Regional de Prensa Noroeste.
Alcaldía de Villa Vásquez.
Alcaldía de Montecristi.
Asociación Dominicana de Bananeros (Asodobanano).
Fundación Montecristeña de Desarrollo.
Asociación de Estudiantes Universitarios de Montecristi (Aseum).
Asoc. De Montecristeños Residentes en Santo Domingo.
Asociación de Salineros de Montecristi.
Agencia para el Desarrollo de Dajabon, INC.
Centro Puente.
Solidaridad Fronteriza.
Fundación Desiderio Arias, INC.
Fundación Santiago Rodríguez, INC.
