Varias organizaciones pidieron ayer al Tribunal Constitucional (TC) que declare constitucional el artículo 85, párrafo III, del Código Procesal Penal (CPP), que la Cámara de Diputados había eliminado para que los ciudadanos no pudieran presentar querellas contra los funcionarios corruptos.
A través de un comunicado de prensa, las entidades, encabezadas por el Centro Juan XXIII, alegan que, como ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, hacen la petición y exhortaron a los de demás ciudadanos y organizaciones civiles a firmar y promover la solicitud a la alta corte a través de la página www.Change.org
Ente sus argumentos, señalan que el artículo 74.1 constitucional establece que la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la Constitución, “no tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza”.
Además hacen referencia a la parte 75.12 que consagra como un deber fundamental del ciudadano: “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.
