Sin que se lo haya propuesto en tiempos en que el tema de la reelección salta a los primeros planos, la compra de la deuda de Petrocaribe por parte del gobierno dominicano al venezolano, se constituye en una razón superior de encomio para el presidente Medina.
Con más valor que la reunión reeleccionista ante el Congreso Nacional el miércoles, la decisión manejada en forma discreta entre la RD y Venezuela, para el pago de US$1,933 millones, que redime por anticipado una deuda de US4,027 millones, deja bien parado al gobernante.
En silencio, los gobiernos de Venezuela y RD tenían cerca de un año negociando la compra, lo que agitó a algunos economistas y políticos cuando el pasado 20 de enero el régimen de Medina colocó en los mercados exteriores US2,500 millones, que eran destinados a redimir la deuda.
En esa ocasión uno de los que lanzó severa crítica a la decisión del régimen dominicano fue el expresidente Hipólito Mejía. Tan pronto se conoció la transacción, el otro dirigente del PRM, Luis Abinader, la acogió como decisión sabia, como hizo también el economista Martínez Moya.
Tras pagarle a Venezuela, que está urgida de cash flow, el 98% de la deuda de Petrocaribe al final del 2014, la parte dominicana la redujo en US$2,094 millones equivalentes a 3.3% del PIB y a más de RD90,000 millones. La transacción se realizó con PDVSA, como contraparte.
Al comparecer ante la prensa el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, recordó que “el ingreso de los recursos provenientes de esta colocación (Bonos) ha sido utilizado en gran parte para pagar de forma adelantada el 98% de la deuda acumulada con PDVSA a diciembre del 2014”.
Según Lizardo “esto equivale a un descuento obtenido sobre el valor facial de la deuda de 52%; o de forma equivalente: a que se pagó un precio de 48% por la deuda”. Dijo que luego de la transacción lo debido a Venezuela es US$96.5 millones.
El anuncio de la decisión del régimen de Medina tomó de sorpresa a los del gobierno y a los de la oposición, éstos últimos entretenidos en el debate nacional que produjo el consultor jurídico de la Presidencia, César Pina Toribio al decir que para la reelección ya no había tiempo.
