México.- Lejos quedaron los tiempos en que el Torneo de Pesca Sabalo de Plata reunía a miles de pescadores, yates, centros turísticos, hoteles y vendedores de Veracruz. Desde el derrame de cinco millones de barriles de la compañía británica British Petroleum (BP), en 2010, el pescado se volvió cada vez más escaso hasta que el desastre les golpeó a la cara.
“En el último evento, la pesca fue de cero”, cuenta Horacio Polanco, consultor de Estrategia Ambiental Sustentable Siglo XXI y uno de los representantes legales de 25,000 pescadoresde tres estados de la costa del Golfo de México que demandaron a BP ante una corte de Louisiana, Estados Unidos.Los pescadores de los estados de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo han esperado justicia durante cinco años con cierta amargura y resentimiento porque sus pares de Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi y Texas, ya fueron indemnizados igual que empresas turísticas y ambientales; estados y municipios de ese país.Lo saben porque la empresa lo divulga cada vez que puede en su página web, detalle a detalle los pagos: ya sea por daños ambientales o por daños a la pesca; para estudios oceanográficos, para medir el deterioro ecológico y hasta para repuntar economías locales.“Su gobierno sí ha respondido”, alega el consultor mexicano.¿Cómo lo logró? En 2012, la Agencia de Protección Ambiental de EEUU suspendió el otorgamiento de nuevos contratos federales a la petrolera inglesa ante procedimientos penales derivados del derrame petrolero.De lado sur de la frontera, los afectados han tenido que hacer antesala en congresos y Palacios de Gobierno; ver a secretarios; reirse en comidas y reuniones y toda la lisonja que exigen los rituales de la clase política mexicana… ¡sin ningún resultado!Al contrario, tras la apertura en México a la inversión privada para exploración de petróleo en aguas profundas, la British Petroleum se mantiene como uno de los más fuertes candidatos para adquirir contratos mientras en el Golfo de México las personas afectadas por el derrame ecológico se las ven negras.“Nuestro gobierno no ha actuado como se debe”, afirma Polanco.Por eso se fueron con su desconsuelo a Estados Unidos que les dio entrada legal a través del juez Carl Barbier que llevará el caso; el abogado representante de los mexicanos es Ezequiel Reina Junior. Pide 100,000 dólares para cada pescador, 2,500 millones de dólares en total.
