IMA.- El estado de emergencia declarado por el Gobierno peruano empezó ayer a regir en la provincia de Islay, que llevaba más de dos meses en paro indefinido en rechazo al proyecto minero Tía María y que ayer sumó un cuarto fallecido durante unas violentas protestas en las calles.
A pesar de que la empresa Southern Copper, del Grupo México, anunció el pasado 15 de mayo una pausa de 60 días en la ejecución del proyecto minero para buscar un entendimiento con la población, las movilizaciones contra el proyecto continuaron en demanda de que se suspenda por la presunta contaminación ambiental que ocasionará.
Las tanquetas del Ejército comenzaron a recorrer los distritos de Islay para ayudar a la Policía Nacional a restablecer el orden y levantar los bloqueos de caminos que paralizaron el tránsito desde el 23 de marzo, cuando empezó el paro contra Tía María.
Las actividades comerciales en Valle del Tambo, Cocachacra y otros distritos de Islay empezaron a restablecerse, pero aún no hay transporte público en la provincia, según informaron a Efe fuentes en la zona.
A pesar de que el estado de emergencia restringe los derechos a la libertad de reunión y de tránsito, algunos manifestantes que participaron en las movilizaciones de los últimos días se congregaban hoy en la céntrica plaza de San Francisco, en el distrito de Cocachacra, donde la comisaría fue atacada ayer con explosivos.
Un enfrentamiento entre manifestantes, que intentaban bloquear una carretera nacional, y la Policía Nacional dejó ayer un muerto y al menos cinco heridos, dos de ellos agentes policiales, según informó anoche el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, en una rueda de prensa conjunta con el jefe del gabinete, Pedro Cateriano, y el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, lamentó que los hechos de violencia del viernes, “con el empleo de cartuchos de dinamita”, haya forzado la declaratoria de emergencia para “garantizar que los agricultores puedan completar la cosecha y que no sufran pérdidas”, y que “los niños puedan asistir a las escuelas porque están al borde de perder el año escolar”.
Humala dijo que el gobierno tiene que “garantizar la vida en comunidad en paz, que los pobladores puedan salir a las calles y que no les estén cobrando cupos (dinero) o vejando a algunas personas que piensan diferente” a los opositores del proyecto.
El mandatario también afirmó que hay una “estigmatización de los proyectos (mineros) con fines ideológicos y preelectorales” y señaló que los autores de las “campañas violentistas” tienen en su mayoría vinculaciones con la banda armada Sendero Luminoso.
Varias organizaciones civiles y de agricultores acataban el paro en Islay en rechazo al proyecto cuprífero Tía María, por la presunta contaminación ambiental en un valle agrícola y las protestas ya habían causado tres muertos hasta ayer, además de decenas de heridos.
Organizaciones sociales de seis regiones del sur de Perú han anunciado también un paro de 48 horas el próximo 27 en solidaridad con las demandas de los agricultores de Islay.
Uno de los principales promotores de las protestas, el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, fue recluido ayer en el penal de Socabaya, al cabo de una larga audiencia en que los magistrados ordenaron su prisión preventiva por nueve meses por el presunto delito de extorsión agravada en calidad de tentativa.
Las protestas contra Tía María empezaron en 2011 cuando el Estudio de Impacto Ambiental recibió 138 observaciones y se desataron unas violentas protestas que se saldaron entonces con tres muertos.
