En su acusación formal del caso Camaleón, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) detalla los hallazgos de una supuesta estructura criminal que, según la investigación, abarcaba delitos de corrupción administrativa, hasta lavado de activos.
De acuerdo con el documento, el contrato del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) fue elaborado como un “traje a la medida”, ya que el pliego de condiciones habría sido preparado dentro de la empresa beneficiaria, adaptando los requerimientos técnicos a las capacidades del oferente previamente seleccionado.
La Pepca sostiene que este oferente fue escogido antes de la publicación de la licitación, lo que garantizó un resultado predeterminado.
El expediente también señala que se entregó el control operativo del sistema semafórico a una persona con antecedentes de uso ilícito de información estatal, lo que habría comprometido la seguridad nacional.
Además, destaca la relación personal y de confianza entre el director ejecutivo del Intrant y el principal beneficiario del esquema, evidenciada por encuentros sociales y familiares.
Según la acusación, se utilizó un contrato ilegal firmado con el Ministerio de Defensa en 2020 para acceder a información sensible del Estado y facilitar la importación de equipos reservados para organismos de inteligencia y seguridad.
Se documenta también el ingreso irregular de tecnología de uso militar mediante acuerdos fraudulentos y la adulteración de un arma registrada, transformándola en un arma de guerra.
La Pepca afirma que hubo un ocultamiento intencional de observaciones técnicas y administrativas que advertían irregularidades, así como maniobras para desafiar a los órganos de control con recursos judiciales que buscaban legitimar el fraude.
La investigación describe la usurpación de identidad institucional, instalando cámaras y sistemas de monitoreo bajo la apariencia de agencias estatales, y el control total del sistema de videovigilancia y semaforización, lo que permitió acceso indebido a información estratégica.
El documento detalla, además, la ejecución de sabotajes a la red semafórica del Gran Santo Domingo en agosto de 2024, la simulación de competencia mediante identidades falsas y consorcios ficticios, y la creación de una red de espionaje satelital y telefónico, con drones para vigilancia ilícita.
También se denuncia la extracción ilegal de datos y comunicaciones, así como ataques a infraestructuras críticas que afectaron la movilidad y la seguridad ciudadana.
La institución persecutora señala gestiones administrativas y judiciales fraudulentas para revertir la suspensión del contrato, la adquisición de bienes suntuarios y vehículos blindados incompatibles con los ingresos declarados, y la obstrucción de las investigaciones, mediante el uso de contactos institucionales y conocimientos técnicos.
Todo este conjunto de hechos, según la acusación formal, conforma un entramado delictivo planificado y ejecutado con el propósito de beneficiar a una red privada en perjuicio del Estado dominicano.
