El comentarista Carlos Peña exhortó a todos los sectores de la vida nacional a estar pendiente de los nuevos acuerdos que se realizarán en materia de electricidad a fin que República Dominicana no vuelva a pasar malos momentos como los pasados 15 años con los acuerdos de Madrid.
Recordó el peligro que significa entregar en manos del sector privado áreas del servicio público y trajo a colación que fue el propio Rafael Leonidas Trujillo quien declaró la electricidad como un servicio público.
Peña llamó la atención del Pacto Eléctrico que todavía está en el tapete con la finalidad que se beneficie a la población, pero del que entiende tiene quintas columnas que apoyan más al sector privado.
Con esto Peña deja entrever que hay infiltrados del Gobierno que cobran cheques pero le hacen el juego al sector privado, “Están desde adentro como generales traidores insertados haciéndole el coro al sector empresarial, el poder no termina de saciar, la gente no se cansa del poder que mientras más se tiene más se quiere”.
Sostuvo que sumado a este pacto eléctrico está el vencimiento en julio pasado de los contratos de Madrid de Washington y que a su juicio el proceso debió encontrar a RD con pliegos en mano y la gente conociendo en qué consistirían esos nuevos contratos, con la licitación, publicada en portales de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Peña informó que las tres distribuidoras de electricidad, de acuerdo a la artículo 110 de la ley general de electricidad, son las que tienen autoridad y competencia para comprar esa energía y potencia y que en promedio las tres deberán contratar aproximadamente 600 o 700 megavatios cada una.
En ese sentido pidió a todos los técnicos del país estar atentos y no de espaldas al proceso a fin de que “se le busque el mínimo periquito para que no vivir lo ocurrido en 15 años con los infernales acuerdos de Madrid”.
Indicó que los nuevos acuerdos que se firmen serán de corto plazo que solo serán dos o tres años y que deberán superar las actuales condiciones.
