SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asamblea Participación Ciudadana aprobó este domingo una línea de trabajo por la paz, contra la violencia y todo tipo de exclusión, así como apoyar a los periodistas que defienden y promueven el respeto de los derechos humanos en República Dominicana.
La entidad trazó esas líneas al celebrar este domingo 15 de marzo su XXI “Asamblea General Ordinaria”, en honor a Josefina Padilla Deschamps, fundadora de nuestra institución. Dichaactividad que constituyó un encuentro de los miembros activos y donde se seleccionaron 4 de 12 integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica.
Para tal ocasión, fueron presentadas la Memoria Anual 2014,por la Coordinadora General Sonia Díaz Inoa, así como el Informe Financiero del año 2014, por Melba Barnett yel Plan de Trabajo para el año 2015, expuesto por Rosalía Sosa Pérez, Directora Ejecutiva,dichos documentos fueron aprobados por los asambleístas.
Dentro del trabajo realizado durante el año 2014, se identificóel “Segundo Informe de Monitoreo del Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad; en el que se evaluaron 9 medidas, de las cuales 7 no se cumplieron para un 77%, y dos están en proceso de implementación para el restante 21%. Se concluyó en que se ha producido un retroceso en la transparencia de muchas instituciones, ya que informaciones que antes estaban disponibles han desaparecido de las páginas web, como es el caso de la nómina pública.
Una acción importante que realizó Participación Ciudadana durante el pasado año fue intervenir en el Tribunal Constitucional sometiendo un AmicusCureae, solicitando que dicha Corte no declarara inconstitucional, el Párrafo III del Artículo 85 del Código Procesal Penal, que autoriza a cualquier ciudadano o ciudadana a querellarse contra los funcionarios públicos que crean cometen delitos de cuello blanco en el ejercicio de sus funciones o que violen derechos fundamentales. Esta solicitud se hizo en razón de que el ingeniero Víctor Díaz Rúa, había pedido que este derecho se declarara inconstitucional, para quitar a los ciudadanos la posibilidad de querellarse, amparados en esta disposición.
