A pesar de los esfuerzos desarrollados por más de 20 años para adecentar y regular la actividad política en el país, el actual proceso electoral está plagado del mismo comportamiento antidemocrático, inequidad y falta de transparencia que se quiso corregir con la Ley 15-19 de Régimen Electoral.
Santo Domingo, República Dominicana. La observación del proceso electoral que desde mediados de 2019 a la fecha ha realizado Participación Ciudadana, muestra que se han incumplido los preceptos de la democracia y se acrecienta la cantidad de violaciones a las leyes, ante la impotencia de una población que aspira y lucha por una práctica política más decente, equitativa y transparente.
El artículo 211 de la Constitución de la República Dominicana establece que la Junta Central Electoral (JCE) debe garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones. Este mismo principio está recogido en el art. 212, párrafo IV, de la Ley 15-19 de Régimen Electoral. Si pasamos revista a las regulaciones que fueron consideradas avances importantes en la nueva ley electoral, encontramos un panorama verdaderamente frustratorio que detallamos a continuación:
Duración de campañas. La Ley 15-19 establece que las campañas electorales comienzan con una proclama de la JCE. Para las presidenciales, esto se hizo el 17 de marzo pasado, pero los candidatos iniciaron su campaña desde las primarias de octubre de 2019. Las autoridades electorales no han hecho nada para encaminar a reducir la duración de la campaña, de manera que este proceso podría pasar a la historia como el más largo que registra el país.
Participación del Gobierno en campaña. El Gobierno en pleno, encabezado por el presidente Danilo Medina, quien declaró que personalmente ganaría las elecciones, ha asumido funciones de responsabilidad en la campaña, igual que lo hizo en las municipales, a favor del candidato oficialista, en violación a la Constitución, la Ley Electoral y la Ley de Función Pública. Por otro lado, la Ley 15-19 de Régimen Electoral, en su artículo 196, párrafo I y III, contempla la separación ipso facto del cargo, de los funcionarios/as que sean candidatos/as. Las autoridades electorales no han dado seguimiento al cumplimiento de este precepto.
Uso de los recursos públicos. El abuso de los recursos del Estado a favor de las candidaturas oficialistas ha sido la norma en este periodo. Esta práctica se refleja en la ejecución presupuestaria y en la enorme cantidad de compras realizadas, incluyendo las que fueron frustradas por denuncias públicas. La pandemia del COVID-19 y las sucesivas declaratorias de emergencia se convirtieron en una oportunidad ampliamente aprovechada por el Gobierno, cediendo un papel protagónico en la distribución de asistencia con recursos públicos, a su candidato presidencial, a la Vicepresidenta-candidata, así como a los aspirantes oficiales a senadores y diputados. También se ha comprobado la constante violación del toque de queda por equipos gubernamentales y del candidato oficial y se han recibido denuncias de retiro en las noches de propaganda de los opositores.
Control de los gastos de campaña. El artículo 42, de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que contempla las regulaciones sobre el gasto en campaña, busca garantizar una mayor equidad y evitar el uso de dinero ilícito. Las autoridades electorales no han puesto en funcionamiento un mecanismo que fiscalice este aspecto. La abrumadora cantidad de recursos que se están gastando, especialmente por parte del candidato oficial, permite afirmar que ésta será la campaña más cara de la historia de República Dominicana. Participación Ciudadana ha hecho esfuerzos por dar seguimiento a este aspecto, pero la información proporcionada por la JCE, no permite saber el monto y el objeto de los gastos de los candidatos/as, ni quiénes son sus financiadores. En este momento, la publicidad es tan abrumadora que puede calificarse de agobiante y no se ha visto ninguna iniciativa de la JCE para actuar como ente regulador y moderador en pro de una mayor equidad en el proceso.
Persecución de los delitos electorales. El 12 de marzo pasado, como resultado de los acuerdos concertados en el Consejo Económico y Social (CES), se logró la designación de la Magistrada Gisela Cueto como Procuradora Interina de Asuntos Electorales. Hasta ahora, esta procuraduría no ha podido instalarse adecuadamente, sus posibilidades de establecer una diferencia en este proceso son muy bajas, sobre todo por el escaso apoyo del Procurador General de la República y la pasividad de las autoridades electorales frente a todas las violaciones a la ley electoral.
Educación ciudadana contra la compra de votos. La campaña contra la compra y venta de votos que se logró por presión popular en las elecciones municipales, no ha sido ejecutada previo a las presidenciales y tampoco se han conocido otras iniciativas para prevenir este delito que tanto ha afectado a la democracia en el país.
Regulación de la publicación de encuestas. Tampoco han sido aplicados los artículos 198 y 199, de la Ley 15-19 de Régimen Electoral, en cuanto a encuestas y sondeo electoral y registro de firmas encuestadoras.
Con este panorama, no podremos afirmar que las elecciones nacionales sean libres, democráticas y equitativas como lo establecen nuestras leyes. El pueblo dominicano merece más respeto en el cumplimiento de esas legítimas aspiraciones.
Participación Ciudadana apela de nuevo a la conciencia de nuestras autoridades gubernamentales, electorales y del liderazgo político, para que juntos hagamos un esfuerzo, en lo que resta de este proceso, por la decencia, la honestidad y el cumplimiento de las normas, condiciones indispensables en una democracia.
