El Participación Ciudadana (PC) define de inaceptable la decisión del presidente Danilo Medina, de llegar a un acuerdo con las personas que adquirieron ilegalmente terrenos alrededor de Bahía de Las Águilas.
La entidad cívica advierte que tal acción hace al mandatario cómplice de una larga cadena de violaciones legales y constitucionales y resta calidad moral a las autoridades instaladas el pasado 16 de agosto.
Participación Ciudadana señala que el decreto firmado por el presidente Medina otorgando poder al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para desistir de las demandas del Estado dominicano que persiguen recuperar los terrenos robados al Estado en Bahía de Las Águilas pagando el 45% del valor de tales inmuebles a los adquirientes ilegales, implica el rompimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana.
Participación Ciudadana insiste que es un absurdo que a los adquirientes ilegales se les atribuya la calidad de terceros adquirientes de buena fe en una operación que no cumplió con requisitos legales.
Explica que para eso se deben establecer ciertos requisitos legales que no pueden ser desconocidos por ninguna persona en el país, pues sería alegar ignorancia de la ley, lo que no está permitido.
El gobierno envía un pésimo mensaje cuando justifica el acuerdo en la lentitud de la justicia dominicana pues fomenta que otras personas sigan su ejemplo y se hagan justicia por su propia mano.
“Ha quedado claramente demostrado el esfuerzo del gobierno de manejar el tema a espaldas de la ciudadanía, que solo se entera cuando el periódico 7dias.com divulga la existencia del poder firmado por el presidente Medina. Tampoco han sido divulgados al día de hoy las identidades de las personas que serán los beneficiarios finales del fraude cometido”, afirmó la institución.
Los miembros de PC llamaron la atención sobre una cláusula existente en el borrador del contrato de transacción que circula, que permite a los adquirientes ilegales no aportar las tierras por ellos robadas al fideicomiso que se constituiría, y quedarse con el 100% de las mismas siempre y cuando paguen al Estado el 55% de su valor, lo que implicaría darle una opción de comprar esas tierras que siempre han pertenecido al Estado.
“Esta condenable acción, viene a reafirmar el régimen de impunidad imperante en la Republica dominicana desde hace décadas”, argumentó.
