CARACAS. El Parlamento venezolano que controla una contundente mayoría opositora desplegó ayer una serie de argumentos en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que propuso el presidente Nicolás Maduro, que ha sido calificada por la oposición como una estrategia del gobernante para mantenerse en el poder.
La sesión parlamentaria se produjo en un día de pausa en la agenda de protestas antigubernamentales a las que ha convocado la oposición y que se han desarrollado desde hace más de un mes, que será retomada mañana con una marcha a la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia en el oeste de Caracas.
Los parlamentarios aprobaron un acuerdo sobre la “inconstitucionalidad y nulidad” del decreto de Maduro con el que convocó a una Constituyente para modificar la Carta Magna y que fue publicado en Gaceta Oficial.
El diputado Luis Florido señaló que la Constituyente debe ser sometida primero a un referendo para consultarle al pueblo venezolano si desea que se realice el proceso y el legislador Omar Barboza señaló que el Gobierno procura, con esta convocatoria, “no realizar” elecciones y “ganar tiempo” para mantenerse en el poder.
El diputado Alfonso Marquina se preguntó: “¿Quién le dio la potestad a Nicolás Maduro de sustituir al pueblo para ejercer la convocatoria a Constituyente? mientras que su colega Américo De Grazia apuntó que el presidente quiere, con la Constituyente, “retroceder a una época sin votación universal, directa y secreta”.
Más temprano el presidente del Parlamento, Julio Borges, dijo que la convocatoria hecha por el gobernante para reformar el Estado y su ordenamiento jurídico, nació “muerta” porque fue hecha con la “mala intención de engañar” al pueblo, un plan diseñado para “permanecer en el poder”.
En la sesión de ayer también se aprobó un acuerdo en rechazo al procesamiento en tribunales militares de civiles detenidos en medio de las protestas antigubernamentales en el país, establecido “en el marco del denominado Plan Zamora” que lanzó el Gobierno y que según la oposición viola los derechos humanos.
En este acuerdo la Cámara se solidariza con los privados de libertad “injustamente procesados” por estos tribunales militares y con sus familiares y se exige a los jueces de estas instancias ejercer apegados a la Constitución por lo que deben “abstenerse de procesar civiles”.
