República Dominicana enfrenta siete sometimientos de arbitrajes internacionales en distintas cortes extranjeras, que de salir perdedora le obligará a pagar más de US$1,000 millones solo en dos casos.
Hasta el momento aparecen publicados el caso de un inversionista de Jamaica, Michael Lee-Chin, quien busca obtener US$300 millones mediante una disputa internacional contra República Dominicana.
Otro caso es la litis conocida en una corte de Nueva York por la constructora brasileña Odebrech, la cual aspira obtener del país unos US$708 millones por una negociación en la central termoeléctrica Punta Catalina, que se construye en la provincia Peravia, en el sur del país y con la cual se espera introducir más de 700 megavatios de energía al sistema, a base de carbón mineral.
Ambos casos suman más de US$1,000 millones, sin tomar en cuenta los honorarios que se deben pagar a los abogados y demás gestiones para la defensa, y sin que se conozca que exista una partida presupuestaria para enfrentar esas dificultades.
Odebrecht reclama US$700 millones por supuestos “costos extras” en la construcción del Proyecto Punta Catalina.
Otros cinco casos están registarados en la corte de Naciones Unidas, como son en 2007 uno sometido por una empresa de Francia para distribución eléctrica, otro ese mismo año por la TCW Group, que alegó interferencias indirectas de un “holding” del Gobierno; otros dos en 2014 por una empresa minera estadounidense y por la Bellantine, un proyecto de viviendas de lujo, un hotel y un spa, con capital estadounidense. El séptimo caso fue sometido por la panameña Silverton, que buscaba implantar un negocio de bienes raíces en el país.
Todos los casos en los que el país ha sido sometido o amenazado con ser llevados a cortes internacionales están relacionados de forma directa con inversiones foráneas, que según reclaman se debe a violaciones de reglas contempladas en acuerdos internacionales. Sin embargo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dijo recientemente que es un absdurdo la demanda que hace Michael Lee-Chin, un inversionista de origen jamaiquino, que alega que sus derechos han sido vulnerados porque había adquirido los terrenos en los que por diez años estuvo administrando el vertedero de Duquesa, bajo la empresa Lajún Corportation.
En materia de inversión, el país también ha formado parte de sometimientos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) donde se han dirimido los conflictos comerciales.
