Los cárteles de narcotráfico entregaron sobornos por 500 mil dólares (24 millones de pesos dominicanos) a oficiales, militares y empleados del aeropuerto internacional de La Romana, para que facilitaran el arribo de una avioneta procedente de Cartagena, Colombia, cargada con 625 kilos de cocaína, la noche del 24 de octubre pasado, afirmó este miércoles una fuente militar.
La comisión que investiga el alijo de droga que entró al país y que habría sido enviada a Europa y Estados Unidos, recomendó la cancelación y sometimiento a la justicia de los coroneles Domingo Figuereo Heredia, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), y a Robert Antonio Ramírez Pimentel, del Ejército de República Dominicana (ERD), señalados como los que se confabularon para que la operación tuviera éxito.
El primero estaba asignado al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil (Cesac), y director de seguridad del aeropuerto de La Romana y el segundo era el encargado en la terminal aérea de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Además, fueron cancelados y sometidos a la justicia el primer teniente de la Policía Andrés Lorenzo Castillo Padilla y el asimilado militar Emmanuel Cruz Espinal.
El informante dijo que “el caso explotó porque los dos coroneles se repartieron la mayoría del dinero, y eso trajo disgustos entre los subalternos, empleados del aeropuerto que se involucraron y denunciaron la irregular acción a sus superiores”.
Indicó que se concluyó con la primera etapa de las investigaciones, “pero sigue abierta porque se trata de determinar el grado de responsabilidad de otros oficiales de mayor rango a los coroneles, de otros empleados y militares”.
La fuente de irrefutable crédito que pidió guardar su identidad subrayó que “la comisión no apañará a nadie. Ahora trata de no dejar aristas sueltas, que los que aceptaron dinero, los que violaron las normas y las leyes, paguen por su traición a la patria y a las instituciones que pertenecen”.
Para facilitar el aterrizaje de la avioneta matrícula HK4909G, el 24 de octubre, que descargó 625 kilos, el director del Cesac en La Romana, “tumbó” el sistema de vigilancia de la terminal en complicidad con el encargado de la DNCD y otros empleados y militares.
El ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, junto al director de la Policía, mayor general Ney Bautista Almonte; el presidente de la DNCD, vicealmirante Edmundo Félix Pimentel; el director del Cesac, general Aracenis Castillo de la Cruz; el vicealmirante Juan Ramón Soto de la Rosa y el general Héctor García Cuevas, directores de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas y la Policía, y el capitán navío, Antonio de Jesús Méndez, director Jurídico de las FFAA, dieron a conocer la conclusión de la primera parte de las experticias y las acciones que se pondrán en marcha contra los involucrados.
Un Apunte
Violaciones
Los militares cancelados, dijo la comisión, violaron los artículos 2, 83, 154, 173, 175 y 185 de la Ley Orgánica de las FFAA; los artículos 2, 8, 9, 13, 14, 33, 40 y 52 del Reglamento Militar Disciplinario, y el oficial policial, los artículos del 32 al 35, 152, 153 y 156, de la Ley Orgánica de la Policía.
El titular de las Fuerzas Armadas señaló que “el procedimiento llevado a cabo con la aeronave fue irregular, se violaron normas y procedimientos del programa de seguridad de aeropuertos”.
