SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En el ámbito de la distribución, la propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de cara al Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico introduce reformas en la administración, las atribuciones y las modalidades de comercialización de las empresas distribuidoras del Estado.
Entre estos cambios, se plantea modificar el procedimiento que regula el sistema de alumbrado público, a fin de transferir a los usuarios el pago del alumbrado público, que en la actualidad corre por cuenta de las alcaldías. Esto deberá implementarse a más tardar seis meses después de firmado el convenio, lo que se ha previsto para el próximo 19 de julio.
El Conep propone “eliminar la responsabilidad de pago de los ayuntamientos a las empresas distribuidoras por las inversiones en el alumbrado público, tales como su instalación, mantenimiento y pago de su consumo eléctrico, sustituyendo dicho pago por un cargo tarifario a los usuarios finales”.
Asimismo, aboga por “eliminar de todas las legislaciones que lo establezcan, la obligatoriedad de las distribuidoras de pagar un tres por ciento (3%) de sus ventas brutas a las alcaldías por los derechos de paso y uso de suelo”.
Subcontratación de la comercialización y gestión de circuitos
En la propuesta del Conep, las Edes quedan emplazadas a iniciar la ejecución de un plan integral de reducción de pérdidas dentro de sus zonas de concesión.
Para cumplir con este objetivo, se deberán identificar los recursos financieros que permitan disminuir las pérdidas en tres puntos porcentuales al año, durante un período de seis años, a través de la expansión y rehabilitación de las redes, ampliación de los programas de tele-gestion (tele medida y tele corte) y/o prepago, entre otros aspectos.
Al término del sexenio estipulado, las Edes estarán en la obligación de suplir “el 100% de la demanda eléctrica del país, tal y como dispone la Ley General de Electricidad 125-01”.
En la propuesta consensuada de los diversos sectores empresariales, se consigna que el Estado “promoverá la participación del sector privado en la ejecución” de dicho plan.
En este sentido, se plantea que la Superintendencia de Electricidad (SIE) emita -en el mismo plazo de seis meses- un reglamento “que establezca las condiciones necesarias para que las distribuidoras puedan subcontratar con empresas privadas la actividad comercialización”, incluidas la compra de energía y potencia, la venta a los usuarios finales, así como los procedimientos que regirán estas operaciones.
En un plazo no mayor de un mes posterior a esta resolución, las Edes “deberán iniciar la licitación pública de zonas de gestión o circuitos en sus respectivas zonas de concesión”, mediante el esquema de contratación que sea aprobado por la SIE, consigna el documento del Conep.
Traspaso y auditoría de la UERS
En otro articulado, la entidad más representativa del empresariado pone sobre la mesa el traspaso de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS) a las empresas distribuidoras, “tal como corresponda por su área de concesión” y en un plazo no mayor de 30 días luego de la suscripción de la iniciativa.
Concomitantemente, sostiene que deberá relaizarse “por una firma auditora independiente, una auditoría de las operaciones financieras y administrativas realizadas por la UERS hasta el momento” de su traspaso a las Edes.
La UERS opera en la actualidad como una dependencia de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), aunque con autonomía para la ejecución de sus actos administrativos.
