Al iniciar la segunda legislatura del año 2017, y con un nuevo presidente en la Cámara de Diputados, todos los sectores sociales y políticos apostaron a que en este periodo se impulsaría el proyecto Ley de Partidos Políticos y de Régimen Electoral. Sin embargo, hoy finaliza esa legislatura, y se promete que será en la próxima.
Rubén Maldonado, quien asumió la presidencia de la Cámara Baja el pasado 16 de agosto, al siguiente día de su juramentación garantizó trabajaría para la aprobación de la tan esperada ley.
“Estamos completamente seguros que la Ley de Partidos y la de Garantías Electorales serán aprobadas en esta legislatura”, fue la promesa del congresista, que no pasó de ser justamente eso, una promesa, y aparentemente no pensó en que las discusiones sobre el referido proyecto se prolongarían tanto, sobre todo a lo interno del Partido de la Liberación de Dominicana (PLD).
En vista de que la segunda legislatura recién termina, en 10 de enero volvió a apostar por lo mismo ante los medios, pero para la próxima legislatura que empieza el 27 de febrero.
“Apostamos a que en esta segunda legislatura podamos nosotros tener la Ley de Partidos y de Régimen Electoral. Les puedo asegurar que Leonel y Danilo están claros y precisos en lo que tiene que hacer”, declaró el congresista peledeista.
La realidad es que el discurso peledeísta de que “están claros” y de que “no hay problemas respecto a la ley” ha divergido con el accionar de esa organización política, situación evidente con el anuncio hecho en octubre del año pasado de que el Comité Político del PLD contrataría un equipo de juristas para estudiar si la aprobación por parte del Congreso de las primarias simultáneas y con el padrón de la Junta Central Electoral es o no violatoria a la Constitución de la República, supuesto punto en que no hay consenso entre las facciones Leonelista y Danilista.
Dichas conclusiones no han sido expuestas, tras tres meses de discusión, y aun sin fecha.
JCE
Ante las prolongadas discusiones y la falta de consenso respecto a la Ley de Partidos, El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, el pasado 7 de enero de este año dio un ultimátum a fin de apresurar las conclusiones relacionadas a la Ley y advirtió que queda poco tiempo para aplicarla en el próximo proceso electoral de 2020.
El presidente de la JCE ha llamado en dos ocasiones a las organizaciones políticas que tienen diferencias internas en torno a la Ley, a ponerse de acuerdo “como líderes”, pero su llamado no ha surtido efecto.
Más reciente aun, el pasado 10 de enero en el Palacio Nacional, el Presidente del organismo electoral expresó que hasta que los partidos políticos no lleguen a un acuerdo en torno a ambas leyes, no someterá más el proyecto.
Aclaró que la JCE ha sometido el proyecto de Ley unas cuatro veces al congreso, por lo que esta vez “por un asunto de prudencia”, el Pleno esperará que los partidos se pongan de acuerdo y lo soliciten.
Más tarde el Ministro Administrativo José Ramón Peralta, también en el Palacio Nacional, admitió que la referida Ley lleva mucho tiempo en el congreso, y que la sociedad civil está pidiendo que el proyecto sea conocido y aprobado, pero que los actores fundamentales del sistema “los partidos políticos”, deben mostrar el mismo intereses.
¿Qué falta?
En vista de que la Junta Central Electoral, como institución reguladora del proceso electoral y partidista tiene una posición frente al tema, unos 12 partido de los denominados “minoritarios” presentaron su punto de vista en abril del abril de 2017.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) como principal fuerza opositora entregó su propuesta a la Comisión Bicameral en mayo de 2017.
Falta entonces que dos facciones dentro de un mismo partido se pongan de acuerdo en cuanto a uno de los puntos del proyecto.
La discusión sobre si un proceso electoral para elegir las autoridades de los partidos debe realizarse de manera simultánea y con un registro electoral proporcionado por la JCE (padrón abierto), o en días distintos y con el registro que posee cada partido sobre sus militantes (padrón cerrado), mantiene parado un proyecto que contempla varias decenas de artículos que comprenden todo lo relativo a un proceso electoral.
