Cuatro organizaciones de la sociedad civil consideraron inaceptable que el Gobierno pretenda imponer una nueva reforma fiscal, bajo el alegato de garantizar la inversión del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, como afirmara el recientemente el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás.
Ciudadanos contra la Corrupción, Lucha por tus Derechos, La Multitud y Alianza Dominicana contra la Corrupción, al considerar que una nueva reforma tributaria es inaceptable, argumentaron que desde hace 14 años las administraciones de Gobierno no asignan el 4% del PIB a la educación.
Refirieron que la disposición sobre la inversión presupuestaria está contenida en el artículo 197 de Ley 6697, que es la Ley Orgánica de Educación. ¨
“Los impuestos que recauda el Estado son para financiar la educación, salud, la seguridad social, la seguridad ciudadana, salario a servidores públicos, en fin, todo lo que el Estado está obligado a hacer en pro de sus gobernados y sólo se puede con dinero, y para eso hay que crear impuestos como fuente de financiamiento”, plantearon.
Sin embargo, afirmaron que cuando los impuestos se aprueban para financiar botellas, viajes oficiales, obras innecesarias como el Metro, compra de jeepetas, y desfalcos, el dominicano común tiende a desconfiar en el Estado y la sociedad rechaza la creación y aumento de impuestos, mientras otros incurren en evasión fiscal.
Recordaron que la Constitución de la República establece en su artículo 93, acápite 1, inciso a) que es función del Congreso la creación de impuestos, mientras en el articulo 75, acápite 6, establece que todos debemos de pagar impuestos.
Señalan que el Estado después de recaudar impuestos debe de garantizar la buena administración e inversión de los mismos en virtud de articulo 75, acápite 6, parte in fine de la Constitución.
Dijeron que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió al Estado Dominicano una administración más austera y pulcra para mejorar la economía nacional o crear más impuestos, lo cual al final fue lo que ocurrió y ocurre actualmente.
Las entidades manifestaron que en el país los impuestos se crean para subsanar el vacío presupuestario dejado por la corrupción administrativa, causado por la gran cantidad de desfalcos, evasiones fiscales, soborno y lavado de activos, entre otros flagelos que afectan a la sociedad dominicana.
Se quejaron que mientras la corrupción se desarrolla, el Estado muestra desinterés en procesar judicialmente a los que se enriquecen en el Gobierno ni se actúa para recuperar el dinero desfalcado.
Plantean que antes de aprobar y aplicar una reforma fiscal, el gobierno debe recuperar el dinero generado por la corurpción, y no se les deje como premio por su paso por el Estado, mientras se imponen mayores cargas a los ciudadanos, para llevar el vacío de los desfalcos.
Propugnaron porque la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y la Contraloría General de la República investiguen y procesen los actos de corrupción administrativa.
