SANTO DOMINGO. Organizaciones defensoras del derecho a la salud exigieron al Estado que someta a la legalidad a las empresas de riesgos laborales y de salud (ARS), a las que acusan de violar constantemente la Ley 87-01 de Seguridad Social en perjuicio de más de tres millones y medio de afiliados al sistema.
La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), el Centro Juan Montalvo, Ciudad Alternativa, INSALUD y el Centro para el Desarrollo y la Educación (CEDUCA) advirtieron que a 17 años de promulgada la Ley de Seguridad Social todavía no se ha aplicado a cabalidad el Plan Básico contemplado en el Seguro Familiar de Salud debido a la resistencia de las ARS y a la negligencia del Estado.
Al hablar en nombre del grupo de organizaciones, Gavino Hernández dijo que como consecuencia de ese incumplimiento las personas aseguradas tienen que pagar de sus bolsillos más del 46% de los servicios de salud que requieren.
“Las ARS privadas no conforme con las fabulosas ganancias que obtienen del negocio de la salud también se oponen a cualquier iniciativa gubernamental encaminada a garantizar la aplicación de la ley”, afirma Hernández.
Puso como ejemplo la oposición de estas empresas a la suspensión del “innecesario e ilegal Reglamento de Apelaciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social que se ha convertido en un instrumento abusivo contra los afiliados al Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud”.
Este lunes 26 de marzo de 2018 tendrá lugar la reapertura de debates sobre la solicitud de medida cautelar interpuesta por la SISALRIL ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que busca la suspensión inmediata del referido reglamento.
La solicitud de medida cautelar fue conocida en febrero por el TSA, y en la misma participaron los representantes legales de SISALRIL y el CNSS. Esta petición quedó en estado de fallo. Luego, las ARS solicitaron al tribunal una reapertura de debates para ellas presentar sus argumentos de oposición.
En ese contexto, la SISALRIL solicitó la intervención forzosa de una serie de organizaciones sociales que trabajan por el derecho a la salud, incluyendo asociaciones de pacientes y familiares de personas que con enfermedades crónicas.
