El presidente de la Asamblea Nacional venezolana descartó ayer que la oposición acuda nuevamente a República Dominicana para continuar las reuniones exploratorias promovidas por Unasur para activar un gran diálogo nacional y acordar soluciones a la crisis política, social y económica que padece este país sudamericano.
“No vamos a reunirnos más en la República Dominicana, ya las reuniones en la República Dominicana están rayadas (desacreditadas) “, dijo a la prensa el diputado Henry Ramos Allup dos días después de su regreso al país tras acudir a la OEA para denunciar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha quebrantado el orden constitucional al mantener presos políticos, impedir la separación de poderes y la libertad de expresión.
Maduro repetidamente ha brindado su respaldo a la mediación que los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández adelantan a nombre de Unasur y que ha tenido a la República Dominicana como sede inicial.
Rodríguez Zapatero, por su parte, dijo la semana pasada en la OEA que ha celebrado 20 reuniones desde mayo, pero la oposición venezolana asegura que no hay diálogo alguno porque no tuvo ninguna participación en la designación de los tres exmandatarios como mediadores.
“Las condiciones del diálogo, si es que se produce por parte de la oposición, la determina la oposición” así como el lugar de los encuentros entre las que incluye la posibilidad de que se realicen en la sede de la OEA en Washington. “Si otros proponen sitios distintos lo consideraremos”, agregó.
Ramos Allup sostuvo que Maduro busca vender la idea de que en Venezuela hay un “proceso de diálogo” para frenar la activación de la Carta Democrática Interamericana.
La oposición venezolana ha dicho que un eventual diálogo con el gobierno debe abordar la celebración este año de un referendo revocatorio del mandato de Maduro, la liberación de lo que consideran presos políticos, el respeto pleno a las facultades de la Asamblea Nacional y el establecimiento de canales humanitarios para aliviar la aguda escasez de alimentos y medicinas.
En la reunión del Consejo Permanente de la OEA la semana pasada una mayoría de la veintena de países que intervinieron expresó su apoyo para que la OEA acompañe la evolución de la situación en Venezuela, pero hubo escasas propuestas concretas.
“Entre una de las eventuales decisiones que podría tomar la OEA con base a la Carta Democrática Interamericana está la de ampliar el grupo de facilitadores con otros presidentes o expresidentes… todas las ideas de buena voluntad y de buena fe son bienvenidas”, señaló el legislador, quien aseveró que para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -una alianza opositora que agrupa a cerca de tres decenas de partidos— el principal objetivo sigue siendo la realización del referendo, a pesar de “las trabas” que plantee el Consejo Nacional Electoral (CNE), visto como favorable al gobierno.
El CNE dio a la oposición un plazo de cinco días, que culminó el 24 de junio, para certificar la autenticidad de las firmas que recolectaron en abril pasado.
Una de las cinco directoras del CNE, Tania D’amelio, informó el lunes que el organismo en un lapso de 20 días hábiles constará las firmas validadas para activar la consulta.
“Si de la constatación de firmas validadas, se verifica que la alianza “alcanzó el 1% de manifestaciones de voluntad que lo legitiman como intermediario de electoras y electores para solicitar el mecanismo, se remitirá un informe” para determinar si la oposición puede pasar a otra etapa del proceso que implica la recolección de otras cuatro millones de rúbricas. En caso contrario se procederá a “negar la legitimación”.
Maduro ha descartado el referendo pueda realizarse en el 2016 y aseveró que en la recolección de firmas se cometió un “fraude”. Las tensiones políticas aumentan en Venezuela mientras los venezolanos siguen agobiados por una galopante inflación, que se estima podría llegar este año a 720%, graves problemas de escasez de alimentos, medicinas y productos básicos y una recesión económica que tiende a complicarse por la caída del precio del petróleo, que representa 96% de los ingresos que recibe el país por exportaciones.