CARACAS — La oposición venezolana convocó el lunes a un paro cívico nacional de 24 horas para intensificar las presiones contra el presidente Nicolás Maduro después de que más de siete millones de venezolanos rechazaron un plan del gobierno para reescribir la constitución en medio de prolongadas protestas antigubernamentales.
El diputado Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien habló a nombre de la coalición opositora, dijo que el paro se realizará el jueves como parte de una campaña denominada “Hora cero”. Agregó que la Asamblea nombrará al día siguiente nuevos magistrados y 21 suplentes que reemplazarán a cerca de la mitad de los miembros actuales del Tribunal Supremo – que controla el oficialismo – que fueron designados por el anterior Congreso en diciembre de 2015 en un proceso que ha sido cuestionado por opositores y juristas.
Debido al enfrentamiento que mantiene el Legislativo -de mayoría opositora- con el máximo tribunal desde hace un año y medio es poco probable que los nuevos nombramientos sean reconocidos por el gobierno y la Corte, según expertos.
“Obligados a defender nuestra constitución activamos esta fase superior de esta lucha cívica”, señaló Guevara al justificar la escalada de las protestas, y exhortó al gobierno a que atienda el llamado que realizaron los electores la víspera en una consulta simbólica y retire la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Asimismo, pidió a la fuerza armada que acate los mandatos del Congreso, de mayoría opositora.
Unos 7,6 millones de votantes rechazaron la víspera el proceso constituyente en una consulta ideada por la alianza opositora para retar al gobierno y dejar en evidencia el rechazo de muchos al plan de Maduro.
Como parte de la llamada “Hora 0”, la veintena de partidos que integran la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática firmarán el miércoles un “compromiso unitario para la gobernabilidad” para avanzar en la conformación simbólica de un “gobierno de unión nacional”, y se crearán en todo el país unos 2.000 comités que actuarán como organizaciones populares para restablecer el “orden constitucional”.
Tras la participación que se dio en la consulta, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, indicó que la coalición opositora entró en nueva etapa que implicará la profundización de las acciones de calle para lograr la “presión necesaria” que permita detener la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros será electos en dos semanas.
En una entrevista con la emisora local Exitos, Borges anunció que la alianza opositora también intensificará las gestiones para lograr una mayor presión internacional contra el gobierno de Maduro, quien después de 108 días de protestas antigubernamentales no ha cedido a las presiones de sus adversarios que exigen la convocatoria de elecciones generales.
Las autoridades venezolanas no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre los resultados de la consulta opositora que inicialmente fue considerada por el gobierno como un evento ilegal que no tendría ningún tipo de incidencia.
El proceso se vio empañado por el fallecimiento de una enfermera, de 61 años, que murió el domingo en un hospital tras ser herida por un disparo de arma de fuego en medio de una concentración que realizaron manifestantes frente a un centro de votación opositor del oeste de la capital.
El gobierno de Maduro, cuya popularidad ronda 20%, ha enfrentado en los últimos cuatro meses una ola de protestas que han dejado al menos 93 fallecidos, 1.500 heridos y más de 500 detenidos.
A pesar de la tensión política, el mandatario ha continuado adelante con su iniciativa de la Asamblea Constituyente que se instalará en agosto, luego de la elección de sus 545 miembros el 30 de julio, y que tendrá entre sus primeras tareas la revisión del Ministerio Público y la posible remoción de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien luego de ser vinculada por años al oficialismo está enfrentada contra Maduro.
